tornar a la hometornar a la homePlaça Regomir, 3, pral. 1a.
08002 Barcelona
Tels. 93 319 53 46
        656 39 82 24
     accca@sorolls.org

atenció al públic: tots els dimecres,  de 19 a 21h

Qui som

Estatuts

Junta Directiva

Novetats

Associar-se

 


Es troba a... ASSESSORIA JURÍDICA documents

 

 

Assessoria Tècnica Acústica    Gabinet Psicològic  Consulta Mèdica

Assessoria Jurídica tornar a Assessoria Jurídica


El ruido es una de las manifestaciones
de agresión al medio ambiente y a la
salud de las personas

(sentència del Tribunal Suprem,
de 24 de febrer de 2003,
Sala Segona (Penal) Cas Chapó)


Documents

Consultes

 


 


AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN Decimosexta

ROLLO Nº 624/2006-C

PROCEDIMIENTO ORDINARIO NÚM. 676/2005

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 1 GRANOLLERS

SENTENCIA Nº 321/2007


Ilmos. Sres.

D. AGUSTÍN FERRER BARRIENDOS

Dª. INMACULADA ZAPATA CAMACHO

D. JOSÉ LUIS VALDIVIESO POLAINO

En la ciudad de Barcelona, a doce de junio de dos mil siete.

VISTOS, en grado de apelación, ante la Sección Decimosexta de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de Procedimiento Ordinario, número 676/2005 seguidos por el Juzgado Primera Instancia 1 Granollers (ant. CI-1), a instancia de D. J. P. I. y Dª M. J. T. A. representados por el procurador D. Víctor de Daniel i Carrasco-Aragay, contra D. J. A. R. Y Dª E. DE O. I. representados por el procurador D. Ricard Simó Pascual; los cuales penden ante esta Superioridad en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la Sentencia dictada en los mismos el día 17 de febrero de 2006, por el/la Juez del expresado Juzgado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del tenor literal siguiente: "FALLO: que desestimando la demanda interpuesta por D. J. P. I. y Dña. M. J. T. A., representados por el Procurador Dña. Consol Cuadra Baile y defendidas por el Letrado D. Lluís Gallardo Fernàndez, contra D. J A R y Dª E de O I, representados por el Procurador D. Ramón Daví Navarro y asistidos del Letrado D Antoni Botey Sedó, debo absolver y absuelvo a los demandados de las pretensiones de la demanda, con imposición de las costas procesales causadas a la parte actora".

SEGUNDO.- Contra la anterior Sentencia interpuso recurso de apelación la parte actora mediante su escrito motivado, dándose traslado a la contraria que se opuso en tiempo y forma; elevándose las actuaciones a esta Audiencia Provincial.

TERCERO.- Se señaló para votación y fallo el día 3 de mayo de 2007.

CUARTO.- En el presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.

VISTO, siendo Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dª Inmaculada Zapata Camacho.


FUNDAMENTOS DE HECHO

PRIMERO.- Frente al pronunciamiento íntegramente desestimatorio de la demanda origen de las presentes actuaciones contenido en la sentencia apelada se alzan los actores, D. J. P. y Dª. Mª. J. T, impugnando la valoración de la prueba realizada por la juez a quo con unos argumentos que, en esencia, hemos de compartir.
En la demanda se denunciaban sendos tipos de inmisiones causadas por los dos perros que se encuentran en la finca de los demandados: los continuos ladridos, en especial nocturnos, y los malos olores provocados por la acumulación de excrementos de los animales. El Juzgado consideró no acreditada esta segunda inmisión y nada al respecto se argumenta en el escrito de interposición del recurso. Es verdad que en el suplico se efectúa una remisión al de la demanda, pero tal simple remisión carece de eficacia pues, de conformidad con lo dispuesto en el art. 458-1 LEC, debía allí la parte recurrente exponer "las alegaciones en que se base la impugnación".
En este punto se confirmará, por tanto, la sentencia apelada.

SEGUNDO.- Aunque en general resulta difícil pronunciarse acerca del carácter sustancial o inocuo de una inmisión como la denunciada aquí, con base en los art. 3-1 y 3-6 de la Llei 13/1990 de 9 de julio, puesto que en gran medida todo depende de la percepción subjetiva que el receptor pueda tener del ruido, no hay duda de que, ante la falta de específica regulación civil, es lícito acudir aun con carácter orientativo a las correspondientes normas administrativas, normas que definen también el contenido del derecho de propiedad y, en especial, el uso normal de cada finca, decisivo para regular las relaciones de vecindad o las limitaciones del domicilio legalmente impuestas por razón de la colindancia. Porque, como se razonaba en la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de septiembre de 1992, es indiscutible que el incumplimiento positivo de la norma administrativa permite razonablemente deducir que el ruido es excesivo y, por tanto, que no tiene por qué ser tolerado. Pero es que avanzando más la propia STS de 3 de septiembre de 1992 y la del anterior 4 de marzo, declararon que, a los fines de decidir sobre una acción como la que nos ocupa, es incluso irrelevante que no se superen los niveles de ruido permitidos por las normas administrativas. Porque en esta vía no se trata de averiguar si las inmisiones de tal tipo provenientes de la finca colindante son administrativamente correctas, sino si son excesivas y molestas para los vecinos desde un punto de vista civil (SSTS de 29 de abril y 24 de diciembre de 2003).

TERCERO.- Pues bien, partiendo de las anteriores premisas, no cabe sino estimar acreditadas las molestias que los ladridos de los perros de los demandados produjeron a los actores en el discutido periodo al que se refiere la demanda (entre el mes de octubre de 2004 y mayo de 2005). En efecto:
1º) Desde luego no es posible decidir la presente controversia mediante las declaraciones testificales, evidentemente contradictorias, aportadas por una y otra parte al pleito. En cambio, sí nos parece decisivo que el Ayuntamiento de la localidad incoara en fecha 22 de marzo de 2005, expediente sancionador contra el demandado D J. A. por las molestias que los ladridos de los perros y sus condiciones higiénico-sanitarias causaban a los vecinos. Niega eficacia a dicha circunstancia la sentencia apelada porque, según se dice, tal expediente se refiere a los hechos acaecidos en julio de 2001, esto es, antes de que los demandados pasaran a residir en la finca de autos (septiembre del año 2004) y, por tanto, del período que constituye el objeto de la presente demanda. Ocurre sin embargo que de la documentación aportada a los autos en relación al repetido expediente sancionador en absoluto se desprende la consecuencia extraída por el Juzgado (v. Folios 270, 271 y 284 a 291). Y, en cualquier caso, aquel expediente constituiría un importante indicio de la realidad de los denunciados ladridos del perro que se encontraba atado permanentemente a la valla delimitadora de ambas propiedades (v. Denuncias obrantes a los folios 55 a 61) y que, al menos hasta la fecha de interposición de la demanda, permaneció en idéntica situación.
2º) Constan documentadas las continuas quejas de los actores a partir del 1 de diciembre del año 2004 (v. Instancias unidas a los folios 63 a 69). Es más, desde la vivienda de aquellos se efectuaron múltiples llamadas telefónicas a la Policía Municipal entre el 3 de diciembre del propio año 2004 y el 19 de enero de 2005, todas ellas a diversas horas de la madrugada, constando en el informe unido a los folios 128 a 130 que, en la mayoría de los casos, el agente que las atendió pudo comprobar la realidad de los ladridos, comprobación que fue personal en las vigilancias estáticas realizadas los días 13, 20, 28, 29, 30 y 31 de diciembre, 6, 9, 15, 16, 17 y 19 de enero. Para desvirtuar las alegaciones defensivas de los demandados, se ha de remarcar que tales vigilancias se efectuaron de forma cuidadosa a fin de evitar que la propia presencia policial pudiera alertar a los perros y ser por tanto la causa de los ladridos pues, según consta en aquel informe, se llevaron a efecto dentro del vehículo de la patrulla, con el motor apagado y a una cierta distancia de la finca.
3º) La zona en cuestión no ha sido todavía clasificada (acústicamente) por el Ayuntamiento de la localidad, por lo que discrepan los peritos aportados por una parte y otra parte respecto a si es de sensibilidad acústica alta o moderada a los efectos de fijar el máximo de ruido permitido desde el punto de vista administrativo por la Llei 16/2002, de 28 de junio, de protección contra la contaminación acústica. Desde luego, no nos corresponde a nosotros decidir la cuestión, pero es que en realidad dicha calificación es irrelevante. Porque del informe emitido a instancia de los actores por el perito D. Antoni Pons (folios 70 a 126) se deduce que, durante la noche, el nivel de ruido ambiente que con las ventanas abiertas se percibe desde uno de los dormitorios de la finca afectada (el más próximo a la vecina) se incremente hasta los 61'9 dB a consecuencia de los ladridos, lo que supone superar en 11'9 dB el nivel máximo permitido si se considera la zona como de sensibilidad acústica alta (50dB) y en 6'9 dB si se considera como de sensibilidad moderada (en cuyo caso, el límite está fijado en 55 dB). Razonó el Sr. Pons en el acto del juicio que el incremento es excepcional, de manera que cada 3 dB se duplica el impacto sonoro, lo que da una idea de la importancia del constatado. Dicho informe nos merece la precisa fiabilidad. Es verdad que fue cuestionado por el perito aportado por los demandados, D. Eduardo Martínez (v. Folios 246 a 252). Pero, partiendo de la base de que no realizó este último mediciones, por lo que son las tomadas por el Sr. Pons las únicas aportadas a los autos, sus objeciones no nos parecen en absoluto determinantes, como a continuación se verá.
Explicó en efecto el Sr. Pons de forma convincente el motivo de la eliminación de unos 40 minutos de grabación (no consideró significativo el ruido de fondo en relación con el constatado durante el resto del período -de las 21 h de la noche a las 8 horas de la mañana-).
Por otra parte, no cabe sino concluir que es perfectamente correcta la medición realizada con las ventanas abiertas. Desde luego, no tienen por qué mantenerlas permanentemente cerradas los usuarios y, de otra manera, el resultado vendría de forma necesaria condicionado por el tipo de aislamiento acústico del que pudieran estar dotadas las propias ventanas. En cualquier caso, así se ha de realizar según la Llei 16/2002 pues, como es lógico, los niveles permitidos administrativamente serían muy inferiores de realizarse la medición con las ventanas cerradas (25 ó 30 dB, según se trate de zona A o B).
4º) Por último, nos parece muy expresiva la circunstancia de que con posterioridad a la interposición de la demanda (30 de mayo de 2005) decidieran los demandados cambiar la ubicación nocturna de los perros, de manera que, como puso de manifiesto el Letrado de los actores en la audiencia previa, ya no causan molestias.

CUARTO.- Partiendo de los hechos que se han expuesto, la inmisión qua aquí nos ocupa, en la que concurren los requisitos de materialidad -se trata de efectos susceptibles de ser físicamente medidos-, carácter indirecto de la injerencia sobre la finca perjudicada y continuidad o permanencia (v. STSJC de 19 de marzo de 2001), de ninguna manera puede calificarse de inocua, porque los ladridos de los perros situados en la finca de los demandados provocaron entre octubre de 2004 y hasta su retirada un notable incremento del nivel de ruido ambiente en el interior de la vivienda de los actores, incremento que no tenían por qué tolerar sus ocupantes. Concurrían, pues, en la fecha de interposición de la demanda (momento al que aquí nos hemos de atener) los requisitos para solicitar fuera eliminada la inmisión de constante referencia mediante el ejercicio de la acción negatoria prevista en el art. 3 de la Llei 13/1990.
A pesar de que no consta documentada ninguna reclamación previa, no es en absoluto verosímil que desconocieran los demandados el problema, teniendo en cuenta que, como se ha dicho, formularon reiteradas denuncias los actores ante el Ayuntamiento. Y, en cualquier caso, acreditada la procedencia de la acción ejercitada, la cuestión nos parece irrelevante y a lo máximo que podría conducir sería a valorar la actitud de los ahora apelados tras tener conocimiento de la interposición de la demanda, valoración que ni siquiera solicitan estos últimos se efectúe pues niegan que el cambio de ubicación de los perros suponga reconocimiento o aceptación de la realidad de las molestias que de contrario se denuncian.
Carecen igualmente de consistencia el argumento, que utilizó también la juez a quo, de que en el origen de la presente demanda se encuentra la enemistad de los actores hacia los demandados por razón de determinada infracción urbanística que les imputan al construir su vivienda, cuestión que se está solventando en vía contencioso-administrativa. Y es que parece obvio que la enemistad sería recíproca y, por tanto, en el terreno de las suposiciones, iguales motivos tendrían los demandados para hacer caso omiso a las quejas de sus vecinos.

QUINTO.- Respecto a la indemnización reclamada por los daños y perjuicios padecidos por los actores recordemos que, como se razonaba en la STSJC de 19 de marzo de 2001, la acción negatoria que nos ocupa comprende no sólo la cesación de la inmisión sino también el resarcimiento de los daños y prejuicios (en definitiva, de carácter moral) que sean consecuencia de la misma (STS de 12 de julio de 1999). Argumentan los apelados que ningún perjuicio se habría acreditado de contrario pues en la demanda se denunciaban básicamente los ladridos nocturnos de los perros y, sin embargo, en el acto del juicio la Sra. T. afirmó que sobre todo ladran a primera hora de la mañana, momento en que ya se habrían levantado ambos demandantes. El argumento es inconsistente pues no excluye la realidad de las molestias (aun cuando por sus respectivas ocupaciones laborales hubieran de madrugar los actores, no tenían por qué soportar los continuos ladridos de los animales), además de que no sería aplicable a los fines de semana o períodos vacacionales.
Por lo demás, sabido es que, como tiene declarado reiterada jurisprudencia (SSTS de 15 de febrero de 1990, 3 de junio de 1991, 21 de octubre de 1996, 31 de mayo de 2000), en casos como el presente no es preciso acreditar positivamente la realidad del daño moral pues de la naturaleza de los propios hechos de los que se hace derivar la responsabilidad exigida, se deduce su existencia.
La cuantía de la indemnización reclamada por el periodo durante el que sufrieron las molestias los actores (a razón de 6 euros/día el Sr. P y de 15 euros/día la Sra. T) nos parece razonable. Es desde luego difícil de demostrar la relación de casualidad entre los hechos que nos ocupan y el insomnio que padeció la actora, pero se trata de una consecuencia lógica y la significativa coincidencia temporal fue ratificada en el acto del juicio por su médico de cabecera D Antonia Andreu.

SEXTO.- Conforme al art. 394-1 LEC, dado que la demanda ha sido sustancialmente estimada, a los demandados se impondrán las costas causadas en primera instancia. Porque a tales fines es irrelevante la desestimación de la pretensión actora respecto a la segunda inmisión (olores causados por los excrementos de los animales) que, por lo demás, con mucho menor énfasis y sin derivar de ella consecuencia indemnizatoria alguna, allí se denunciaba.
La estimación del recurso determina que no haya lugar a efectuar especial pronunciamiento sobre las costas devengadas en esta alzada (art. 398-2 LEC).

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS

Que con parcial estimación del recurso de apelación interpuesto por D. J. P. I. Y Dª M. J. T. A., revocamos en parte la sentencia dictada por el Juzgado de Primera instancia nº 1 de Granollers. En consecuencia, estimando parcialmente la demanda origen de las presentes actuaciones interpuesta por D. J. P. I. Y Dª M. J. T. A. contra D. J. A. R. Y Dª E. O. I. declaramos la procedencia de la acción negatoria ejercitada por razón de la inmisión consistente en los ladridos de los perros situados en el inmueble colindante propiedad de los demandados. Condenamos en consecuencia a los expresados demandados a retirar estos u otros perros a otro lugar de su finca donde no causen molestias a los actores, así como al pago de la suma de 5.271 euros, suma que devengará los intereses previstos en el art. 576 LEC desde la fecha de esta sentencia. Se imponen a los demandados las costas causadas en primera instancia. Se mantienen el resto de los pronunciamientos contenidos en la sentencia apelada, sin que quepa efectuar expresa imposición de las costas devengadas en esta alzada.

Y firme que sea esta resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, con testimonio de la misma para su cumplimiento.


Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Barcelona, en la misma fecha. En este día, y una vez firmada por todos los Magistrados que la han dictado, se da a la anterior sentencia la publicidad ordenada por la Constitución y las Leyes. DOY FE.





JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NUMERO UNO DE GRANOLLERS
JUICIO ORDINARIO Nº 676/05

SENTENCIA 47/06

En Granollers, a diecisiete de febrero de dos mil seis.

Vistos y oídos por Dña. Mª MERCEDES DELGADO LOPEZ, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de los de Granollers, los presentes autores de juicio ordinario registrados bajo el nº 676 del año 2005, a instancia de D. J. P. I. Y Dª M. J. T. A., representados por el Procurador Dña. Consol Cuadra Baile y defendidas por el Letrado D. Lluís Gallardo Fernàndez, contra D. Ramón Davi Navarro y asistidos por el Letrado D. Antony Botey Sedo, sobre acción negatoria de inmisiones e indemnización de daños y perjuicios, y resultando lo siguiente:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Por turno de reparto, correspondió a este Juzgado la presente demanda a seguir por los tramites del juicio ordinario, a instancia de la referida parte actora basándola en los hechos que adujo y fundamentándola en los en los que baso y considero de aplicación, terminando suplicando se dictase sentencia en la que se declare la libertad de dominio de la finca de la actora frente a las inmisiones acústicas y odoríficas que generan dos perros de titularidad y responsabilidad de la demanda y se condene a la misma a abonar a la actora la cantidad de 5271 euros mas los intereses legales procedentes desde la sentencia de primera instancia en concepto de daños sufridos por los actores, durante meses anteriores a la presentación de la demanda , la obligación y condena de la demandada a retirar y trasladar los perros a otro lugar de la finca, si bien asegurando que en ningún caso se causen otras molestias a los vecinos de la zona y a los actores, la prohibición de sustituir los referidos animales por otros potencialmente sonoros, susceptibles de causar molestias a la actora, con imposición de las costas causadas en este procedimientos.

SEGUNDO: Por Auto de fecha 7 de junio de 2005, se admitió a tramite la demanda dando traslado de ella al demandado y empazandole para que la conteste en plazo de los veinte días siguientes con apercibimientos de rebeldía, formulándose escrito de contestación por el demandado, presentado el día 15 de julio de 2005, en el que basándose en los hechos que adujo y fundamentándola en los que se baso y considero de aplicación, suplicaron de dictase sentencia por la que se desestime íntegramente las pretensiones deducidas en la demanda, con imposición de las costas causadas a la demandante.

TERCERO: Tras la contestación a la demanda, por Providencia de fecha 19 de julio de 2005, se convoco a las partes a una audiencia previa, señalándose para su celebración el próximo día 10 de octubre, alas 13:30 horas; fecha en que tuvo lugar y en dicho acto la actora formulo una alegaciones en relación con los hechos tercero y cuarto de la demanda y demandada se ratifico en su escrito de contestación,
Fijando a continuación el objeto del proceso y los extremos sobre los que existe la controversia entre las partes que al no existir conformidad sobre tales hechos, proponen en la audiencia previa al juicio los siguientes medios de prueba:
Por la parte actora:
-Documental,
Testifical,
Interrogatorio de la demandada,
Reconocimiento judicial
-Pericial.
Por la demandada:
- Interrogatorio de la actora,
- Testifical,
- Documental,
- Pericial.


CUARTO: Tras los medios de prueba propuestos que fueron admitidos y declarados pertinentes, se señalo para la celebración del juicio el próximo día 16 de enero de 2006, fecha en que tuvo lugar, comenzando con la practica de la prueba propuesta y admitida, formulando a continuación las partes, de forma oral, las conclusiones sobre los hechos controvertidos y quedando los autos conclusos para dictar sentencia.

QUINTO: En la tramitación del presente procedimiento se han observado las formalidades legales

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: La parte actora ejercita acción negatoria de inmisiones, basándose en los daños producidos por los ladridos de los perros existentes en la vivienda de los demandados, encontrándose uno de ellos en el lindero de separación de las dos propiedades, existiendo además olores y excrementos de los animales que afectan al inmueble de los actores, solicitando la prohibición además de que se coloquen estos animales a los que puedan sustituir en el lindero propiedad de la actora, así como la indemnización por los daños y perjuicios producidos por los mismos , debiendo precisar que los ladridos sobre todo se producen por la noche, habiendo ya antecedentes semejantes desde fecha 10 de julio de 2001, existiendo por ello contaminación acústica, al exceder el ruido que provocan los ladridos de los perros de los niveles máximos permitidos por la Ley 16/02 de 28 de junio, de protección contra la contaminación acústica, agravando la situaciones hecho de que los animales se encuentren permanentemente atados, al poder crear mayor agresividad en los animales, ello hace que no descansen por la noche ni tampoco su familia, provocando incluso que la Sra. Maria Junquera haya tenido que someterse a tratamiento psiquiátrico farmacológico por falta de descanso nocturno, existiendo además en el Ayuntamiento de Vilanova del Valles un expediente sancionador pendiente de resolución definitiva ,habiendo actuado de forma dolosa y culposa los demandados al tener conocimiento de las citadas quejas y no haber remediado la situación, debiendo retrotraerse los efectos de la indemnización al día 1 de octubre de 2004 hasta el momento de la interposición de la demanda, ascendiendo la cantidad reclamada a 5271 euros derivados de multiplicar, los 251 días en que han tenido que soportar los demandantes las molestias provocadas por los animales de los demandados; sin embargo, estos se oponen a la demanda planteada de contrario, al manifestar que no son ciertas lo señalado por los actores, siendo únicamente una problemática vecinal que han elevado a la categoría de ilícito civil, derivado de la enemistad que tienen los actores y sus cuñados con los demandados, por la existencia de dos procedimientos en vía contencioso-administrativa, por problemas existentes con los limites de propiedad de las fincas, existiendo ciertamente ya un expediente administrativo sancionador, por el acoso de la actora hacia la demandada, que podría conllevar tras haber interpuesto la demanda, una doble sanción para los demandados, oponiendo la falta de legitimación pasiva de la demandada Sra. Dña. Eva de Oleza , por cuanto no es propietario de ninguno de los perros existentes en la finca, siendo uno de ellos de su padre D. Manuel de Oleza Chala, que es además la persona que se ocupa de los perros, respondiendo el demandado Sr. Joseph Auge en este caso, como cabeza de familia, debiendo por ello desestimar la demanda respecto de la demandada Sra. Eva de Oleza, pero también el resto de la demanda puesto que la actora ha obrado con mala fe al no haberles requerido nunca por los supuestos daños que le estaban provocando sus perros, siendo lo normal en la urbanización que viven la tenencia de perros como medio de seguridad, ante los robos que se producen ,teniendo también la actora un perro de similares características a los de la demandada, que también ladra en diversas ocasiones, teniendo sus perros buen estado de salud según se informa en la pericial que acompañan, no siendo cierto que los ladridos causen molestias al vecindario ni que hayan sobrepasado los niveles sonoros permitidos por la ley, no quedando acreditados los daños y perjuicios reclamados por la actora por lo que debe de desestimarse la demanda entablada.

SEGUNDO: En primer lugar, antes de entrar en el fondo del asunto, se alego la falta de legitimación pasiva de la demandada Sra. E. O. al señalar que no es la propietaria de ninguno de los perros que se encuentran en la finca de autos, ni tampoco se encarga del cuidado de los perros, sino que este lo realiza su padre, por lo en base a ello debe desestimarse la demanda contra la misma ,consideraciones con las que no esta de acuerdo la actora, al señalar que dichos animales se encuentran en la finca de su propiedad y por tanto debe responder conjuntamente con su marido de las consecuencias producidas por la tenencia de los mismos ,consideraciones que han de ser admitidas, reconociendo la legitimación pasiva de la demandada Sra. D. O., puesto que como es generalmente admitido, hay que distinguir dentro del instituto de la legitimación entre lo que se denominan "legimatio ad processsum" y "legitimario ad causam" respectivamente. La "la legitimatio ad processum" es la capacidad para ser parte y la capacidad procesal, es decir, la capacidad que es necesario poseer para ser sujeto de una relación procesal y poder realizar actos procésales validos y con eficacia jurídica. La falta de personalidad o ausencia de "legitimatio ad processum" impide que se pueda entrar al conocimiento la cuestión de fondo, por lo que debe ser alegada como excepción dilatoria cuando se refiere al actor, o el demandado. Dicha falta de personalidad puede tener su origen en la carencia de las condiciones y requisitos exigidos por el articulo 2 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil para comparecer en juicio, o porque no se ostente el carácter o representación con que dicho acto procesal debe efectuarse. La "legitimatio ad causam" esta, en cambio, relacionada con la presesión que se ha formulado, pues es la relación existente entre una persona determinada y una situación jurídica en litigio, por virtud de la cual es precisamente esta persona y no otra la que debe figurar en el, ya sea en conceptote actor o de demandado. Pudiendo ser. Legitimación directa cuando su relación con la situación jurídico-material es directa, y legitimación por representación, cuando quien actúa en el proceso es el representante del titular del derecho cuya tutela jurídica se pretende. La falta de "legitimatio ad causam" o falta de acción afecta al fondo del asunto, a la esencia de la pretensión y a la sustancia del pleito, por lo que no debe ser alegada como excepción dilatoria, pues la "sine actione legis" significa que el actor carece de titulo o derecho de pedir, al menos frente a ese demandado concreto, siendo esto ultimo lo que, se viene denominando como falta de legitimación pasiva. Pues bien en este caso en concreto, como hemos señalado, si existe en la codemandada Sra. Eva De Oleza la legitimación pasiva atribuida por la actora, no solo por el hecho de ser propietaria de la finca en la cual se encuentran los perros que producen la inmisiones acústicas y malos olores, sino, también por el hecho de que la misma se sirve de dichos perros para la custodia de la citada finca también propiedad de la codemandada. Al ser utilizados los mismos como perros de seguridad, por lo cual habría de exigirle la responsabilidad que en su caso se derivase, a tenor de lo dispuesto en el artículo 1905 del Código Civil, lo cual nos lleva a desestimar la excepción planteada por la demandada de falta de legitimación pasiva.

TERCERO: En cuanto al fondo del asunto, se trata de determinar si efectivamente se han producido las inmisiones acústicas y de malos olores causados por los perros que se encuentran en la finca de los demandados y como consecuencia de ello, los daños y perjuicios reclamados en la demanda.
Establece el Art. 3.1 de la Ley Catalana 13/1990 de 9 de julio de la acción negación negatoria, inmisiones, servidumbre y relaciones de vecindad que "las inmisiones producidas por actos ilegítimos del vecino, que causen daño al inmueble, quedara prohibidas y generaran responsabilidad por el daño causado. El propietario del inmueble afectado por una inmision dolosa o culposa tendrá acción negatoria para hacerla cesar y derecho a recibir la indemnización correspondiente por los daños causados. De otro lado se permite diferir al periodo de ejecución de sentencia la concertación de las medidas correctoras para el cese de la perturbación en función de las que resulten técnicamente posibles y económicamente razonables para el cese del ruido, posibilidad esta que el art. 3.5º establece para casos de inmisiones sustanciales procedentes de instalaciones autorizadas administrativamente, es decir, aquellas que puedan considerarse legitimas dentro de la clasificación del precepto citado, y así cabe distinguir entre inmisiones legitimas, entre las que se comprenden aquellas que son inocuas o causan perjuicios no sustanciales (Art.3.2),las que aun produciendo perjuicio sustanciales son consecuencia del uso normal según la costumbre local (Art.3.3) y las que provienen de instalaciones autorizadas administrativamente(Art. 3.5) e inmisiones ilegitimas, entre las que estarán aquellas que produzcan perjuicios sustanciales(Art. 3.2 da contrato sensu) que no se tenga obligación de tolerar, añadiendo el articulo 3.6 que ningún propietario esta obligado a tolerar inmisiones dirigidas especialmente o artificialmente hacia su propiedad ,teniendo en cuenta asimismo que el articulo 1 de la ley 13/90 de 9 de julio, otorga al propietario de un inmueble acción para hacer cesar perturbaciones ilegitimas de su derecho que no consistan en la privación o retención indebida de la posesión y de exigir la abstención de perturbaciones futuras y previsibles de este mismo genero.
Teniendo en cuenta dichos preceptos, hay que señalar que el daño denunciado, encuadrado, dentro de las relaciones de vecindad, derivados de la convivencia humana que asu vez son definidas como la mas ordinarias y mas generales de la vida en que el hombre se manifiesta como tal es decir sujeto de derecho y patrimonio y miembro de familia, para el cumplimiento de los fines individuales de su existencia dentro del concierto social, de las que se derivan relaciones entre personas por motivo o a través de las cosas, que no han de quedar circunstancritas a las derivadas entre propietarios de fondos colindantes y contiguos o de uso común, como en este caso sucede, sino también a las que tiene lugar exclusivamente entre ellas, sean o no propietarias por el simple echo de ser vecinas.
Las relaciones de vecindad en su mas amplia significación suponen entre los vecinos a que hacen referencia manifestaciones de respeto, reciproco reconocimiento o de armonización en su convivencia, de auto limitaciones mutuas en el ejercicio de sus derechos subjetivos privados correspondientes a la vida domestica ordinaria de todo lo cual derivan una serie de obligaciones de cuyo incumplimiento
Pueden pueden surgir las correspondientes acciones personales para exigir el cumplimiento del derecho obligación al de vecindad y evitar en lo posible, los roces e intromisiones molestias de unos vecinos con respecto a los otros haciendo mas llevadera la convivencia. A la vista de lo manifestado anteriormente valorando conjuntamente la prueba practicada, de la misma se desprende que no pueden ser acogidas las pretensiones de la actora, en cuanto que a pesar de que es cierto que existe un expediente sancionador por las molestias producidas por los perros de la parte demanda, el mismo se incoo por unos hechos que sucedieron con anterioridad a la petición que actualmente es reclamada en la demanda, puesto que se reclaman por los daños producidos desde el 1 de octubre de 2004 y no podemos basarnos en la existencia del citado expediente, ni tampoco en los hechos que dieron lugar a la incoación del mismo puesto que tal y como señala tanto la parte actora, trae causa del año 2001, en el que efectivamente se encontraba en la finca de autos un perro, que al parecer ladraba toda la noche, encontrarse atado todo el día, lo que provocaba su estado agresivo, sin que todavía estuviera construida la vivienda de los demandados, hechos que en este caso podría haber dado lugar a la demanda de autos al entender que no existiendo vigilancia continua de su dueño, al no residirán donde se encontraba el perro, los animales podrían estar descontrolados y causar molestias a los vecinos mas inmediatos, pero el supuesto de autos es otro, por cuanto que se señalan que las molestia que e reclaman en la presente demanda derivan no solo de estas circunstancias sino del momento a partir de cual se van a vivir los demandados a su parcela, mas o menos septiembre de 2004, además tienen otro perro, hecho que cambia la situación anterior puesto que en todo caso, las molestias que sufran los vecinos por los ladridos y los malos olores provenientes de la orina y excrementos del perro también afectaran a los demandados.
En este sentido de la prueba practicada en autos en concreto de la pericial practicada no se desprende que dichos olores y ladridos de los perros tengan una entidad tal que pueda considerarse que excede de lo permitido puesto que lo prohibido jurídicamente no es la emisión de todo ruido, sino la de aquellos que por generarse de forma continua y persistente y por exceder de lo normal, supongan una verdadera inmision en el ámbito o esfera privada de las personas, circunstancias que no concurren en el presente caso, si analizamos la prueba practicada, así como decíamos, en cuanto a la pericial practicada a instancia de la actora por el Sr. Antoni Pons, destaca la calificación que hizo el mismo de la zona como de sensibilidad alta, mientras que el Sr. Eduard Martinez, presentando a instancia de la demandada, como biólogo especializado en medio ambiente y valorando el peritaje realizando por el perito anterior manifiesta
Que la zona debe ser calificada como de sensibilidad moderada, puesto que no es valido el criterio utilizando por aquel dado que se trata de una zona urbanizada con población, por lo que según la normativa aplicable es calificada como zona B, discrepancia que sin duda condiciona los niveles acústicos alcanzados, llamando la atención del peritaje realizado por el primero que solo realizo las mediciones con las ventanas abiertas, no quedándose por la noche para comprobar el ruido existente sino dejando grabado el equipo, eliminando un periodo de la grabación porque había ruido de fondo y señalando que el sonido, gravado provenía del mismo perro, lo cual contradice lo manifestado por el Sr. Eduard Martinez, que manifiesta que al suprimirse una parte del ruido no puede tenerse certeza de la medición realizada, siendo aconsejable igualmente que la grabación también se hubiera hecho con la ventana cerrada para comprobar el ruido existente, sobre todo según este Juzgadador, si el periodo que se reclama por los ruidos existentes a partir de octubre, donde por la época del año, se duerme con las ventanas cerradas, ocasionando se las molestias sobre todo por la noche, tal y como ha manifestado la actora, señalando igualmente el testigo presentado por la demandada que no se puede distinguirse si el ladrido proviene de un perro o de otro sin observarlo, sin que a la vista de lo manifestado podamos por tanto deducir sin lugar a dudas, que con arreglo a las mediciones efectuadas, el ruido excede del normal permitido y si ello lo ponemos en relación, con la testifical de perito Sr. Oriol Ribas , biólogo, especialista en comportamiento canino que trato a los perros de la demandada, señalando que los mismos estaban sanos que el ladrido de perro era normal y que el efecto es multiplicador si ladran los demás perros del vecindario existiendo perros en todas las fincas de los alrededores, señalando respecto al acta notarial que consta en autos, que es lógico que ante la presencia de un extraño el perro ladre y mas cuando se levanto la lona para observarlos, motivando el ladrido una sola mirada, lo cual pudo ocurrir cuando fue la policía, sin que su visita oliera nada desagradable, puesto que el suelo es absorbente de olores.
Asimismo, en cuanto a la testifical practicada, a pesar del testimonio del Sr. José Luis Trillo, que no puede ser tenido en cuenta, ya que como ha quedado constatado en autos, el mismo día esta en litigio con los demandados por problemas de lindes de la fincas teniendo abierta la vía contenciosa-administrativa, el resto de los testigos no han acreditado que efectivamente se produzca inmisiones acústicas que excedan del ámbito de lo permitido, puesto que el Sr. J.T. manifiesta que cuando iba a hacer footing hace 3 o 4 años había un perro que ladraba cuando pasaba, señalando que es una zona tranquila que se altera cuando esta el circuito de Catalunya, la Sr. I. P., que tiene una guardería canina, manifestando el normal comportamiento del perro de la actora, el Sr. J.M., que señala que vive en verano y los fines de semana en la zona de autos, sin que le hayan molestado los perros de la parte demandada, encontrándose a unos 100 metros siendo una zona en la que todos los vecinos tiene perros que algunas veces ladran al Sr. J.M., que también es vecino de la zona manifestando que nunca se ha quejado por los perros, que todos los vecinos tienen perros que ladran y la Sr. Mª L.S., cuya finca es colindante con la de los demandados, sin que nunca le hayan molestado los perros de estos, señalando igualmente todos los vecinos tienen perros y que cuando uno empieza a ladrar le siguen los demás no habiendo tenido nunca problemas con los vecinos y tampoco con los demandados, puesto que una vez le pidió que cortase un árbol que le molestaba, y ellos lo hicieron sin ningún problema. Todo ello como ya hemos señalado, nos conduce a desestimar las peticiones de la actora, en cuanto no han quedado acreditadas que las inmisiones acústicas y glorificas producidas por los perros de los demandados excedan del ámbito, máxime cuando se trata de relaciones de vecindad que como hemos dicho anteriormente pueden ocasionar en ocasiones molestias que deben ser toleradas en base a las normas básicas de convivencia, sin que ello suponga la limitación de derechos que corresponda a los vecinos, encontrándonos en este caso en el ámbito de lo tolerable de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del articulo 3 de la Ley 13/90, habiendo quedado de manifiesto que en este caso, ha tenido influencia para la falta de resolución extrajudicial del asunto, la existencia de enemistad entre las parte, derivada de la existencia de otros litigios por supuestas infracciones urbanísticas, enemistad que ha llevado a la actora a interponer la demanda sin haber requerido previamente ni haberle puesto en conocimiento de la demanda las molestias sufridas por el ladrido de los perros, tal y como se acredita por el interrogación practicado a la actora que si bien fueron a hablar con la codemandada por el tema de las lindes de la finca, no le puso en conocimiento las molestias ocasionadas por los perros ni tampoco les ha dicho que los retirasen de ese lugar, habiendo procedido en todo caso el demandado tras los problemas surgidos, a cambiar los perros de posición para evitar las molestias causadas a la actora, cambio que según nos manifiesta esta ha hecho que cesen las mismas no teniendo en la actualidad molestias provenientes de los perros.
A la vista de todo teniendo en cuenta que tampoco se han acreditado los daños y perjuicios alegados por la actora, no solo por falta de inmisiones acústicas y olorificas que excedan de lo tolerable, sino porque respecto al estado de salud de la Sra. Trillo Atan, no se ha probado que causadle mismo sea proveniente de los ladridos de los perros de los demandados, puesto que si de deduce de la testifical practicada a la Doctora Dña. Antonia Andreu, al manifestar que fue a su consulta en diversas ocasiones, señalando la actora que padecía insomnio a causa de los perros, sin realizarse ningún tipo de reconocimiento psicológico, todo ello conlleva a la desestimación de la demanda deducida en autos, atendiendo a las normas de la carga de la prueba del articulo 217 de la LEC, al no haber quedado acreditado los supuestos de hecho necesarios para mantener las peticiones de la actora.

CUARTO: En cuanto a las costas causadas, el articulo 394.1 de la LEC, dado que la desestimación de la demanda ha sido total, procede imponer las costas causadas a la actora.

Vistos los precitados artículos y demás de general y pertinente aplicación.


FALLO

Que desestimando la demanda interpuesta por D. J. P. I. Y Dª M. J. T. A., representados por el Procurador Dña Consol Cuadra Baile y defendidas por el Letrado D. Lluís Gallardo Fernàndez, contra D. J. A. R. y Dña. E. O. I., representados por el Procurador D. Ramón Davi Navarro y asistidos del Letrado D. Antoni Botey Sedo, debo absolver y absuelvo a los demandados de las pretensiones de la demanda, con imposición de las costas procesales causadas a la parte actora.


Notifíquese la presente resolución a las partes interesadas, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación a preparar ante este Juzgado en el plazo de 5 días desde su notificación para resolver ante la Audiencia Provincial.

Así lo pronuncio, mando y firmo.


PUBLICACION.- La sentencia que procede ha sido leída y publicada por la Sra. Magistrado-Juez que la suscribe en audiencia publica que celebra el mismo dia de su fecha. Doy fe.