El que una
ciudadana española haya tenido que recurrir al Tribunal
Europeo de Derechos Humanos para que se reconociera que las
autoridades están obligadas a combatir las emisiones de ruido
es algo muy significativo. Quiere decir que antes esa señora
no consiguió la tutela de la Justicia española en ninguna de
las sucesivas instancias por las que habrá tenido que pasar
antes de llegar al Tribunal de Derechos Humanos, lo cual es
muestra de la escasa sensibilidad que hay en España hacia el
problema del ruido, pues en nuestro país parece que se
considera un derecho natural el armar todo el jaleo que se
desee. Sólo quienes sufren de manera directa, y especialmente
intensa, el ruido parecen considerarlo un problema. Con
esta sentencia la Justicia española no tendrá más remedio que
cambiar su criterio y esperemos que los ciudadanos pierdan el
miedo a exigir ante los tribunales que las administraciones,
en particular los ayuntamientos, cumplan con su obligación
legal de luchar contra el ruido. Seguramente esa es la única
manera de acabar con la pasividad de las administraciones
públicas y de conseguir tener unas ciudades más sanas y
humanas.