Tribunales
 Una juez ordena clausurar un piso por ´piratería turística´
 
 
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La sentencia estima parcialmente el recurso de la comunidad de vecinos y obliga al Ayuntamiento a anular un decreto y a proceder a la clausura de uno de los dos apartamentos denunciados
ÁLVARO CALLEJA. GRANADA Ruidos que se producen a deshora, viajeros que llegan borrachos o situaciones embarazosas como presenciar a un turista paseando en tanga por el patio de vecinos o que te confundan con el mozo de maletas. Éstas eran sólo algunas de las molestias que soportaban los propietarios de una comunidad de vecinos de un edificio del barrio histórico del Albaicín donde se alquilaba un apartamento "ilegal y clandestino".
La particularidad del caso es que por primera vez un Juzgado Contencioso Administrativo de Granada acepta el término "piratería turística" para referirse a esta práctica prohibida pero muy extendida en la ciudad y en otras localidades de la provincia.
La sentencia, a la que ha tenido acceso La Opinión y sobre la que cabe recurso de apelación, estima parcialmente el recurso presentado por la comunidad de propietarios de un inmueble del Albaicín y ordena al Ayuntamiento de Granada, la parte demandada, que proceda a la "inmediata clausura" de uno de los dos apartamentos motivo de discordia.
Lo cierto es que la contienda de los vecinos se remonta en el tiempo a octubre de 2005 cuando el Ayuntamiento de Granada ordena el archivo de un expediente tras la denuncia presentada por la comunidad de propietarios. En ella alegaban que en dos apartamentos del citado edificio se realizaban actividades de "piratería turística" que consistían en "alquileres diarios de carácter ilegal y clandestinos" puesto que dicho inmueble "está destinado a residencial y no apartahotel, careciendo de autorización administrativa que ampare dicha actividad molesta".
La Ley Andaluza del Turismo distingue entre apartamentos turísticos donde se exige autorización administrativa, y las viviendas turísticas vacacionales, las cuales para su apertura y funcionamiento sólo están obligadas a notificar al organismo competente su dedicación al tráfico turístico, en este caso, en el Registro de Turismo de Andalucía.
Sólo uno de los apartamentos constaba en el expediente administrativo con la preceptiva comunicación a la Consejería de Turismo de su uso como vivienda turística vacacional. No obstante, la magistrada Victoria Motos Rodríguez deja abierta a los vecinos la posibilidad de emprender otras acciones si en el mismo apartamento "se desarrollan actividades o conductas que superan los límites admisibles en la convivencia dentro de una comunidad de vecinos". Sin embargo, la juez entiende que no se ha podido acreditar que el otro apartamento esté en regla pese a que el Ayuntamiento de Granada sustentara la legalidad en un informe emitido por la Unidad de Inspección de Medio Ambiente que se limitaba a recoger las manifestaciones que realizó la copropietaria del apartamento, "sin que aporte documento u otro medio probatorio".
La comunidad de propietarios, representada por el letrado Antonio José Vélez Toro, adjuntó un acta notarial de la página web en la que consta la oferta del apartamento para su alquiler para fines turísticos, lo que "destruye la veracidad del acta instruida por Medio Ambiente al no fundarse la afirmación contenida en la misma en hechos constatados por la Inspección", concluye la juez. π
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