BARCELONA.- El ex
propietario del bar El Portet, condenado a cuatro años de cárcel por
provocar ruidos que impedían el descanso de los vecinos, ha
consignado los 32.000 euros de indemnización que debe pagar a los
cuatro afectados en la cuenta de la Sección Tercera de la Audiencia
de Barcelona, que ahora debe decidir si suspende cautelarmente la
ejecución de la condena contra Dionisio Mestre hasta que el Gobierno
resuelva su petición de indulto.
Según informaron a Europa Press fuentes
judiciales, el ex propietario de El Portet, situado en el barrio
barcelonés de Gràcia, ya ha puesto a disposición de la Sección
Tercera -que juzgó y condenó a Mestre a principios de 2006- toda la
indemnización que le obligaba a pagar en su sentencia, que fue
ratificada por el Tribunal Supremo.
Ahora, la Sección Tercera ha dado audiencia a la Fiscalía y a los
cuatro vecinos afectados, que ejercieron la acusación particular,
para que se pronuncien sobre la petición de suspensión cautelar de
la ejecución de la condena contra Dionisio Mestre. Tras escuchar lo
que las partes tienen que decir al respecto, el Tribunal decidirá si
deja en libertad al ex propietario del bar, condenado a cuatro años
de cárcel, hasta que el Gobierno resuelva su petición de indulto.
La defensa de Mestre presentó el pasado 18 de mayo un escrito
reclamando la suspensión cautelar de la ejecución de la pena y una
copia de la petición de indulto. La defensa solicita al Gobierno que
lo aplique a los cuatro años de condena y que, en caso de no aceptar
esta petición, remita parcialmente la condena impuesta hasta dejarla
en dos años de cárcel, lo que le permitiría solicitar la suspensión
condicional de la pena para poder evitar su ingreso en prisión.
Los hechos se remontan a julio de 2003, cuando El Portet inició
su actividad en los bajos del número 394 de la calle Sicília del
barrio de Gràcia, lo que provocó en breve las sucesivas y reiteradas
denuncias de los vecinos del mismo edificio y de los inmuebles
contiguos ante el Ayuntamiento de Barcelona, que abrió un expediente
administrativo.
Pese a que el Consistorio le pidió entonces que adoptara las
medidas correctoras necesarias, Mestre se negó a insonorizar el
local.
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