La ordenanza barcelonesa de medio ambiente urbano, revisada en 1999, permite hasta un máximo de 75 decibelios –el ruido por ejemplo que hace un camión que no supera las 2 toneladas– en zonas residenciales, si se trata de calles por donde la intensidad media diaria de vehículos sea de 25.000, como la Gran Via o la Diagonal.

Los niveles máximos de ruido permitidos van desde los 75 dBA, entre las 7 y las 10 de la noche en las principales arterias de la ciudad y las zonas de uso industrial, hasta los 50 dBA en zonas deshabitadas como Collserola. En las calles con viviendas, comercios y locales de ocio el nivel máximo de ruido permitido es de 60 dBA, algo que, según los vecinos, parece difícil cumplir en según qué zonas de Ciutat Vella los fines de semana.

Madrid, más restrictiva

En la capital del Estado son mucho más restrictivos con el ruido que en Barcelona. Así, el nivel medio máximo permitido es de 35 dBA de día y 30 dBA de noche, similar a los parámetros de Alicante. Barcelona se encuentra en niveles de permisibilidad parecidos a los de Málaga o Murcia.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 37,1% de los hogares barceloneses sufren problemas de ruidos externos. Sólo lo superan los hogares valencianos, donde el ruido de la calle afecta a un 41,4% de las viviendas. El porcentaje es ligeramente menor, un 34,2%, cuando hablamos del conjunto de Catalunya.

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Comparación. Aspiradora: 90 dB

Mientras que una pisada al caminar no produce más de 10 decibelios (dB), la explosión de un artefacto alcanza los 180. El tráfico de la ciudad supone cerca de unos 80 decibelios; un martillo neumático, unos 120; una aspiradora, 90, y una motocicleta, 100 dB.

Consecuencias. Menos deseo sexual

Aparte de dolores de cabeza, hipertensión, cansancio, insomnio e, incluso, problemas digestivos, el excesivo ruido puede llegar a provocar estrés, depresión y hasta falta de deseo sexual. El organismo responde contra el ruido excesivo perdiendo capacidad auditiva.

Multa. Castigo a España

Harta de soportar ruidos y que la Administración no le hiciera caso, la valenciana Pilar Moreno llevó su caso a la Unión Europea, por la pasividad de la justicia española. El pasado mes de septiembre, Estrasburgo le dio la razón y obligó al Estado a pagarle 3.800 euros.