La Justicia ha vuelto a dictar sentencia sobre lo que es ruido y sus repercusiones en la sociedad, uno de los asuntos más sensibles en la convivencia diaria de una ciudad. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Bilbao ha confirmado una sanción de 900 euros impuesta en 2003 por el Ayuntamiento a Renfe, por ejecutar unas obras de noche en la estación de Abando que superaban el nivel de decibelios autorizado.

La importancia del fallo, que avala los argumentos de la concejalía de Urbanismo, va más allá de la imposición de una multa. Ratifica que la contaminación acústica es un perjuicio social, en línea con el Constitucional, que dice que atenta incluso contra derechos fundamentales. El juzgado bilbaíno asegura que la polución sonora generada en la reforma de la trinchera ferroviaria de Abando afecta a la salud porque «deteriora» el medio ambiente y «la integridad física» del vecindario.

El litigio ahora cerrado surgió en octubre de 2003 a raíz de unas denuncias en la calle Hurtado de Amezaga, colindante a la terminal de tren. Los vecinos se quejaron a la Policía Municipal del ruido provocado por unas obras de sustitución de vías realizadas por la noche. El día 11 de ese mes a la 1.15 horas de la madrugada, los agentes constataron en una medición en el interior de las viviendas que el nivel sonoro superaba lo permitido. En concreto, 45,4 y 48 decibelios, cuando la ordenanza de Protección del Medio Ambiente sólo permite en horario nocturno entre 25 y 30 en zonas residenciales.

Reforma «necesaria»

En diciembre, Urbanismo estableció una multa de 901,52 euros y desestimó las alegaciones de la compañía, que destacaba «la necesidad inaplazable» de ejecutar las reformas por la noche para evitar interferir la circulación ferroviaria durante el día. La concejalía que dirige Julia Madrazo, por su parte, sostenía que esos niveles de ruido eran «absolutamente intolerables para el necesario descanso de los vecinos».

El Consistorio ofrece un argumento clave para justificarse. Dice que «no pretende poner trabas» a las obras en la ciudad. Pero censura a Renfe por «no haber avisado con antelación» de sus trabajos nocturnos, con el fin de haber prevenido a los vecinos, reducido las molestias y coordinado a las áreas municipales. Sin este explicación, no se entendería que tolere acontecimientos de por sí ruidosos, como la carrera de coches, las fiestas, el tráfico o los numerosos tajos de obra que salpican sus calles.

Agotada la vía administrativa, Renfe recurrió a la judicial, aunque finalmente con el mismo resultado. El juzgado comparte «plenamente» los argumentos municipales. Considera que las obras ferroviarias desarrolladas de noche cerca de las viviendas «pueden afectar a la salud», y que la Administración está obligada a velar por sus vecinos. La sentencia, firme, recalca que la contaminación acústica «deteriora» el medio ambiente y «la integridad física» de sus ciudadanos, «sin que sirva como excusa» el hecho de que la infracción sólo se produzca un día.