Cinco años de prisión por originar ruidos. Esa es la petición que
formuló ayer un fiscal contra Dionisio Mestre Rodríguez, propietario de un
restaurante de Barcelona que desde 2003 viene causando ruidos que superan
ampliamente los límites legales. La fiscalía fundamenta su petición en el
artículo 325 del Código Penal, que se refiere a los delitos contra los
recursos naturales y el medio ambiente, y que prevé penas de hasta cuatro
años de cárcel. Pero, además, el fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio
agrava su petición de pena porque el local está abierto desde junio de
2003 sin licencia municipal de apertura y, además, ha desobedecido en tres
ocasiones las órdenes de clausura y la instalación de medidas
correctoras.
"Yo de tecnología de leyes no entiendo", declaró ayer Mestre Rodríguez
ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Barcelona a las
preguntas del fiscal. En otro momento, el acusado admitió sin reparos que
ha incumplido las tres órdenes de cese de la actividad ordenadas por el
Ayuntamiento porque "un negocio cuesta mucho levantarlo" y su clausura
causaría un perjuicio a él, a sus socios y al personal que trabaja para
ellos. La fiscalía sostiene que, en uno de los intentos de clausura del
restaurante, situado en el número 394 de la calle de Sicilia, los
empleados del Ayuntamiento ni siquiera pudieron llevarlo a cabo porque los
empleados del local lo impidieron.
El fiscal también asegura que los ruidos causados por el resaturante
han comportado que un matrimonio de vecinos acabe con un cuadro ansioso
depresivo que ha necesitado tratamiento farmacológico, por lo que reclaman
10.000 euros de indemnización cada uno de ellos. Otros dos vecinos de los
pisos que se hallan por encima del restaurante también se consideran
perjudicados por las molestias del local y reclaman cada uno 6.000 euros
por los perjuicios causados a su salud psíquica y su intimidad
personal.
En respuesta a su abogada, el acusado explicó que el restaurante apenas
genera molestias sonoras, que el altillo superior del local funciona muy
poco, que su clientela es de personas mayores de 50 años que causan pocos
ruidos y que el restaurante se encuentra en una esquina muy transitada
"por camiones y ambulancias". La técnica municipal del distrito de Gràcia
se ratificó en todos sus informes sobre las ilegalidades del local y
explicó al tribunal que el local sigue abierto y sin licencia
municipal.
