'Persianazos' con pasividad municipal
EL FISCAL CARGA CONTRA EL AYUNTAMIENTO Y PIDE CINCO AÑOS EN EL PRIMER JUICIO PENAL POR RUIDOS

LLUÍS SIERRA - 22/02/2006
BARCELONA

El 26 de noviembre del 2004 unos agentes de la Guardia Urbana y otros funcionarios iban a precintar (por segunda vez en el mismo mes) el bar restaurante El Portet, en la calle Sicília esquina Sant Antoni M. Claret. El fiscal sostiene, avalado por testigos, que el encargado, Goyo, amenazó a los funcionarios con "darles con un palo en la cabeza". En lugar de, por ejemplo, detenerlo y esposarlo, los agentes y funcionarios "se limitaron a no hacer nada, tramitarlo y que me lo resuelva la fiscalía". Son palabras del fiscal de Medio Ambiente José Joaquín Pérez De-Gregorio, en su intervención final del primer juicio penal por contaminación acústica que se celebró ayer en la sala tercera de la Audiencia de Barcelona y donde solicitó una pena de cinco años de prisión. Un juicio donde se repitió hasta la saciedad la palabra persianazo,el estruendo que se produce al subir y bajar persianas metálicas.

Los persianazos duraron desde julio del 2003 hasta febrero del 2006, y hasta mediados del 2005 estuvieron acompañados del ruido de un montacargas, del movimiento de sillas y mesas, y de gritos y cantos. Ocurrían en el altillo del restaurante, sobre todo en fines de semana, hasta la una o las dos de la madrugada (hasta las tres y las cuatro en alguna ocasión), con motivo de fiestas de cumpleaños, despedidas de soltero y similares.

Cuando cuatro vecinos se querellaron, en diciembre del 2004, el Ayuntamiento ya había ordenado el cese de actividades dos veces y había intentado el precinto otras dos. El bar restaurante sigue abierto hoy, pero algo sí que ha cambiado: hace dos semanas sustituyeron las persianas metálicas.

"El Ayuntamiento permaneció en una pasividad que parece habitual", dijo el fiscal.

Y dado que el bar restaurante tenía sólo una licencia de actividad desde junio del 2003 pero que nunca ha tenido licencia de funcionamiento y apertura, señaló que "parece que en este país lo normal es funcionar en la ilegalidad" y que "la tolerancia de las administraciones en la ilegalidad es lo habitual".

Parecería, tras cuatro horas de vista, que se estaba juzgando al Ayuntamiento. Pero no. En el banquillo se sentaban Dionisio Mestre y Julián Martínez, administradores del bar restaurante. El fiscal pide para el primero una condena de cinco años, más indemnizaciones y multas hasta 79.000 euros. Al segundo lo exime, por no participar directamente en la gestión del local. Pero la acusación particular (a cargo de Lluís Gallardo, de la Asociación contra la Contaminación Acústica de Catalunya) pide para los dos administradores penas de cuatro años.

En España ha habido una docena de juicios penales por delitos contra la salud pública a partir del ruido excesivo. Sorprendía ayer que el primer caso en Barcelona no fuese contra una sala de fiestas o una discoteca, sino contra un restaurante. Los damnificados explicaron un cuadro de ruidos y molestias durante dos años largos. En especial, el matrimonio Jerónimo Segura y Manuela Mañoso relató cómo debieron tratarse y medicarse por insomnio, depresión y estrés.

La defensa se basó en que las reformas se fueron haciendo a medida que el Ayuntamiento las planteaba, pero éste no daba las licencias y, encima, tardó un año (de diciembre del 2004 a noviembre del 2005) en hacer una inspección de las penúltimas reformas. La letrada Cristina Grau defendió que un caso como éste no debía haber llegado a la jurisdicción penal. "Lo que produce insomnio - dijo- es que por esto unos hombres puedan ir a la cárcel tanto tiempo".