MANUEL TRILLO
ZARAGOZA. Los vecinos de la conflictiva zona de bares de Moncasi
celebraban ayer la condena al Ayuntamiento de Zaragoza a pagar un total de
385.000 euros en indemnizaciones por el exceso de ruidos, que llevan denunciando
desde hace años.
La sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3
de la capital aragonesa fija el pago de 7.000 euros a cada uno de los 55
demandantes y exige al Consistorio vigilar el cumplimiento de la legislación
para garantizar el derecho al descanso.
Para el presidente de la Asociación de Vecinos La Huerva-Moncasi,
Ignacio Sáenz Cosculluela, la condena es «una victoria moral» y un «arma muy
poderosa» que garantizará el derecho de los ciudadanos, por lo que se mostró muy
satisfecho. A su juicio, los tribunales ratifican lo que los vecinos llevan años
reivindicando al Ayuntamiento, «que se pusiesen medios y se cumpliese la
normativa municipal» para garantizar derechos fundamentales reconocidos por la
Constitución, al descanso, a la intimidad privada y familiar, a la
inviolabilidad del domicilio, a la salud y a un medio ambiente adecuado. A
partir de ahora, agregó, «cuando un vecino tenga que soportar ruidos en su
domicilio que provengan de la calle o de cualquier local, no deberá comenzar un
nuevo procedimiento», sino que «sería un incumplimiento de una sentencia», con
lo que «el Tribunal puede volver a condenar al Ayuntamiento», informa Efe.
Recurso del Ayuntamiento
El Consistorio zaragozano dijo ayer ser «sensible» con la causa de
los afectados, si bien anunció que recurrirá ante el Tribunal Superior de
Justicia de Aragón. Además, mostró su «comprensión y solidaridad con los vecinos
de ésta u otras zonas de la ciudad que hayan sufrido las consecuencias de la
contaminación acústica» y reconoció «su legítimo derecho al pacífico disfrute de
sus domicilios».
Además, el equipo PSOE-CHA de Juan Alberto Belloch añadió que «la
ejecución de la sentencia en los términos en los que está formulada puede
suponer unos elevados costes económicos para el municipio, que lógicamente
deberán ser sufragados, de forma solidaria, por el conjunto de los ciudadanos a
través de sus impuestos». Considera que «no se puede aceptar sin más» la
conclusión de que el Ayuntamiento «incumpla sus obligaciones en materia
urbanística».
