C. H.
MADRID. A más de 8.000 millones de euros ascenderá la repercusión
presupuestaria que el Real Decreto sobre el ruido, aprobado ayer por el Consejo
de Ministros, tendrá sobre las infraestructuras que son competencia de la
Administración General del Estado. Con este Real Decreto se completa el
desarrollo reglamentario básico de la Ley del Ruido en los aspectos relacionados
con la zonificación acústica, los objetivos de calidad y las emisiones
sonoras.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de
la Vega, explicó ayer tras la reunión del Consejo que el nuevo texto exige, por
un lado, mejoras en el aislamiento, tanto interior como exterior, de todas las
edificaciones. Al mismo tiempo, pretende impulsar el desarrollo de la
investigación de nuevos materiales aislantes de ruido. En segundo lugar, quedan
definidos los índices de ruido (de mañana, tarde y noche) y de vibraciones
tolerables y, por último, se apuesta por el diseño ecológico aplicable a los
productos que necesitan energía para funcionar, por ejemplo electrodomésticos o
calefacciones, así como maquinaria.
Además, de los límites y niveles de ruido que haya en cada zona
acústica dependerán incluso los planes de ordenación territorial y
urbanísticos.
