En este sentido, El Síndic plantea una serie de recomendaciones, entre ellas, que se favorezca la intervención de mediadores o de instituciones judiciales como jueces de paz o de proximidad que, por sus características, «pueden encarar y resolver con agilidad y flexibilidad determinados conflictos por ruido que están muy atados a las relaciones ciudadanas».

Rafael Ribó reclama en su informe a los ayuntamientos que agilicen los procesos administrativos, también, «para evitar dilaciones en el tiempo que agravan la situación».

Además, el Síndic anima a la Administración de la Generalitat y las diputaciones y consejos comarcales a que presten asistencia a los municipios en la aplicación de la Llei de Prevenció de la Contaminació Acústica. Para ello sería necesario que se incremente la dedicación de los técnicos municipales en los asuntos relacionados con la contaminación por ruido.

Por otra parte, el Síndic propone que se editen guías o manuales de actuación municipal ante las denuncias por ruidos, y que los ayuntamientos dispongan de material de medición homologado para poder facilitar la evaluación de las situaciones que infringen la normativa.