LETICIA BLANCO/ CAROL ALVAREZ
BARCELONA.- Ciutat Vella
se queda sin ocio nocturno. Las quejas vecinales por el ruido y la
falta de licencias son los argumentos que se esgrimen para clausurar
locales nocturnos. Cinco durante el mes de julio, 42 en lo que va de
año y 197 si nos remontamos a 2004.
Desde la Federación
Catalana de Locales de Ocio Nocturno, la FECALON, esta actividad
sancionadora se observa con preocupación.«Ciutat Vella ha sido uno
de los distritos dónde más se ha actuado», señala el secretario
general de la FECALON, Fernando Martínez Iglesias.
Fuentes del sector relacionan este endurecimiento en la actitud
del Consistorio barcelonés, en buena parte, a la querella criminal
interpuesta por la Fiscalía de Medio Ambiente y el abogado de la
Asociación Catalana contra la Contaminación Acústica, Lluís
Gallardo, contra el Ayuntamiento precisamente por su pasividad
ante las numerosas quejas vecinales por la música que recibió otro
local del distrito, el pub irlandés Donegan, en la calle Nou de
la Rambla.
Lluís
Gallardo señala que la intervención de la Fiscalía de Medio
Ambiente, dirigida por José Joaquín Pérez de Gregorio, ha actuado
como «revulsivo» para la acción de la Administración, que ya salió
bastante maltrecha justamente por su inactividad en el proceso penal
contra el restaurante El Portet, del distrito de Gràcia. La Audiencia
de Barcelona condenó finalmente a cuatro años de prisión al dueño
del local por las molestias que causaba a los vecinos al no tener
insonorizado el establecimiento, y aprovechó para dar un varapalo
a la Administración por no cumplir con suficiente eficiencia su
actividad inspectora.
Posible prevaricación
Con la vista puesta en septiembre, momento en el que el
Consistorio deberá explicar ante el juez que investiga una posible
prevaricación en su actuación en el caso del Donegan, el
Ayuntamiento «ha despertado su sensibilidad» ante la contaminación
acústica, según fuentes jurídicas.
El mismo Lluís Gallardo y otros abogados del sector, como Máximo
Godó, admiten que recurren a la Fiscalía porque encuentran en ella
el apoyo necesario para agilizar la intervención municipal.
Desde el distrito de Ciutat Vella, se asegura que no es raro que
los trámites se alarguen hasta nueve meses desde que se presenta una
denuncia hasta que se hace efectivo el cierre de un local.Pero
matizan que el número de denuncias no altera el proceso, y que la
vía más rápida para hacerlo es a través del distrito.
En cuanto al alto índice de cierres de locales, el distrito
afirma que «es normal» porque es el núcleo urbano que más visitantes
recibe y que más oferta lúdica concentra. «Hoy por hoy es muy
difícil abrir un local en Ciutat Vella, el Pla d'Usos del barrio
considera que la oferta es suficiente», concluyen.
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