Un año de prisión y ocho años de
inhabilitación para cargo público es la condena impuesta a Juan Luis
Rey Pérez, ex alcalde socialista de Talavera la Real. El Juzgado de
lo Penal número 1 de Badajoz le considera responsable de un delito
de prevaricación medio-ambiental por permitir el funcionamiento de
una discoteca que emitía ruidos que superaban los niveles máximos
permitidos. Además de al ex alcalde, el Juzgado condena al dueño del
establecimiento, Agustín Martín Constantino, a dos años de prisión y
a pagar una multa de 4.800 euros por un delito contra el medio
ambiente. También se le impone una inhabilitación de dos años para
regentar locales de ocio.
Entre ambos, el ex alcalde y el
dueño de la discoteca GHUS, deberán indemnizar con 14.000 euros
(7.000 a cada uno), al matrimonio que sufrió las molestias de la
discoteca durante siete años. La discoteca se cerrará durante dos
años y sólo podrá abrirse cuando se acredite que existen medidas de
insonorización. El fallo, que tiene fecha del ocho de febrero, puede
ser recurrido ante la Audiencia Provincial de Badajoz. En una
detallada sentencia de 24 folios, la magistrada del Penal número 1
explica cómo el matrimonio cuya casa linda con la discoteca presentó
entre 1997 y 2004 decenas de denuncias ante la Alcaldía, la Policía
Local, la Guardia Civil y la Consejería de Sanidad Consumo. Pero no
logró que se solucionara el problema y decidió acudir al Juzgado.
Medición de ruidos
Técnicos
de la Junta hicieron en más de una ocasión mediciones de los ruidos
que se soportaban en el interior de la vivienda, e incluso se cerró
temporalmente la discoteca. Se instaló un limitador de potencia para
atenuar el ruido y se le dio permiso para volver a abrir, pero el
problema se reprodujo y volvieron las denuncias, que continuaron
hasta 2004. Los informes de la Guardia Civil y de técnicos de
Sanidad concluyeron que los ruidos eran «muy superiores a los
permitidos», e incluso «intolerables».
Lo mismo apreciaron
los agentes de la Policía Local que visitaban la vivienda a raíz de
las denuncias del matrimonio: «Era imposible dormir en la vivienda».
La juez considera que el alcalde de Talavera tuvo conocimiento de
las denuncias desde el principio y no adoptó las medidas necesarias
para solucionar el problema. Ante ello, los vecinos no tuvieron más
remedio que acudir a los tribunales.
La magistrada estima
que cuando un problema de este tipo dura siete años la
responsabilidad del mismo no sólo es de los causantes directos del
ruido, sino «de los administradores públicos», a los que debe
exigírseles un escrupuloso cumplimiento de sus responsabilidades. La
juez no admite las excusas que el ex alcalde dio en el juicio, en el
sentido de que no sabía ni cuándo abrió la discoteca, ni cuándo se
le concedió el permiso, ni qué horario tenía; o que firmaba los
documentos sin leer. Este argumento fue desmontado por el secretario
municipal, que declaró que la licencia provisional de apertura de la
discoteca fue concedida por el alcalde en agosto de 2000, cuando
existían quejas de los perjudicados. La sentencia concluye que el
alcalde «conocía la situación existente, gravemente perjudicial para
unos ciudadanos, y la permitió durante siete años, pese a que tuvo
elementos e informes técnicos para hacerla
desaparecer».
