La instructora archivó en agosto la querella presentada por la Asociación de Vecinos de Gavà Mar, la de la Playa de Gavà y la Plataforma Prou Soroll de Castelldefels, al entender que se cumplían las medidas de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) respecto a la disminución del impacto acústico y que los problemas de ruidos se solucionaron con la implantación de medidas posteriores.

A raíz de la querella, cuya investigación ha pasado por las manos de hasta tres juzgados de instrucción, fueron imputados el presidente de Aena, Manuel Azuaga; el director general de Calidad Ambiental, Jaime Alejandre; y el de Aviación Civil, Manuel Bautista. Los tres declararon en julio por un presunto delito contra el medio ambiente.

En su recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía se adhiere a los presentados por los querellantes, como acusación particular, y pide que se reabra la causa para que la instructora practique «las diligencias de instrucción complementarias a las ya realizadas por la Policía Judicial y necesarias para completar dicha fase policial de investigación del delito imputado».

La Fiscalía argumenta que de la investigación de los hechos realizada por la Policía Judicial se desprenden «claros e incuestionables» indicios de la existencia de un delito contra la salud pública y el medio ambiente, ya que «en numerosas ocasiones» las emisiones de ruido provocadas en el barrio de Gavà Mar por las maniobras de aproximación y aterrizaje de aviones en la tercera pista han vulnerado los límites establecidos en la normativa legal vigente.

El ministerio fiscal admite que la investigación policial «adolece de insuficiencia» en un extremo, en el de la averiguación de las personas responsables de la contaminación acústica, pero afirma que ello se debe «al primero de los sucesivos jueces de instrucción por los que ha pasado la presente causa».