La juez autoriza
a entrar en pisos para medir el ruido provocado por Hacienda
Los vecinos negaron el acceso
a técnicos municipales al considerar que se eligieron las viviendas menos
afectadas
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Instalación del sistema de aire
acondicionado y calefacción de Hacienda
SUSANA ARIZAGA. La
juez del Contencioso autoriza la entrada de técnicos municipales en domicilios
próximos a la Delegación de Hacienda para medir la intensidad de los ruidos que
emite el sistema de calefacción y aire acondicionado (compuesto por numerosos
ventiladores), situado en la azotea y en funcionamiento sin la licencia
medioambiental. Mientras el Ayuntamiento de Zamora acogía con satisfacción
la orden judicial, los vecinos se mostraban «muy disgustados» con la institución
local «que en lugar de meterse con los infractores, se mete con los vecinos que
solo quieren dormir», expone uno de los afectados. Los habitantes de varios
edificios colindantes con Hacienda estudian si apelarán la determinación de la
titular del Contencioso, lo que al parecer no evitaría la acción municipal.
La decisión judicial llega después de que los vecinos impidieran a técnicos
del Ayuntamiento medir en sus casas los decibelios que provocaba el
funcionamiento del sistema de ventilación. Su comportamiento obedeció,
justifican, a que «no pretenden hacer las mediciones en los pisos más expuestos
al ruido, como exige la legislación, y sí a una casa que linda con la calle de
San Torcuato», en la que las molestias son mucho menores que en las viviendas
situadas en el número 1 de la calle Benavente. Asimismo, se sienten molestos
porque no se les informó ni del tipo de aparatos que se iban a utilizar, «si
están homologados o no, ni de los días y horarios en que se harían. Y deben
realizarse cuando estemos en nuestras casas y cuando la maquinaria funcione a
mayor potencia». Los vecinos alegan que la licencia medioambiental, para cuya
concesión el Ayuntamiento está obligado a realizar las mediciones que se
pretenden, no es competencia de la institución, extremo con el que discrepa el
concejal de Urbanismo, Feliciano Fernández. Además, los afectados recuerdan que
la propia Administración de Hacienda carece de licencia de apertura del edificio
en el que está instalada y no sólo del permiso ambiental, y «el Ayuntamiento ha
hecho caso omiso a las peticiones que hemos hecho para que se nos informe» al
respecto. Feliciano Fernández manifestó ayer que se notificará a los vecinos
la visita de técnicos para realizar estos trabajos lo antes posible, a lo que se
negaron algunos vecinos cuando se intentó por primera vez. En cuanto a los pisos
que se han designado para efectuar la medición, el concejal de Urbanismo subrayó
que son aquellos determinados por los técnicos «para resolver el problema».
Niega que el Ayuntamiento carezca de competencias para emitir la licencia
ambiental, para lo que alude a un convenio suscrito con la Junta de Castilla y
León para que la concesión de ese tipo de permisos «pasen» por esta institución.
El edil del equipo de Gobierno del PP añade que la autorización judicial permite
la entrada en las viviendas aun cuando fuera necesario el uso de la fuerza
pública. Los vecinos critican que el Ayuntamiento no haya precintado esa
instalación como ordenó el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en
su sentencia de diciembre.
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