La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha condenado al Ayuntamiento de El Puerto a indemnizar a José Antonio Navalón Martínez con 769,30 euros por los daños ocasionados por el ruido producido durante la Motorada de 2001. Ante dicha sentencia del Contencioso Administrativo del TSJA no cabe recurso.

Aunque fue Navalón quien inició este recurso hace cuatro años, «la entrada en escena de José Peña, vecino de la localidad comprometido en la lucha contra el ruido de la Motorada, fue la que reactivó el caso y ha permitido esta sentencia favorable» según fuentes cercanas a Juristas contra el Ruido.

La demanda presentada por Navalón impugnaba el bando municipal aprobado para regular la concentración de motos. En el mismo se dictaron una serie de normas y restricciones que según este vecino «no hacían frente al problema del ruido generado, especialmente por las noches, debido a la alta concentración de personas y motocicletas en la zona de la Ribera del Marisco».

Otras sentencias

Teniendo en cuenta todo esto y basándose en otras sentencias del Tribunal Constitucional y en una del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el TSJA falló a favor del demandante por entender que «concurre un fenómeno de contaminación acústica».

El estudio realizado por la Delegación Provincial en Cádiz de la Consejería de Medio Ambiente en 1998 ayudó a tomar esta decisión. Lo fijado por el Reglamento de Calidad del Aire, vigente hasta 2003, es un máximo de 35 decibelios durante el día y 30 por la noche. En el estudio se aprecia que las edificaciones afectadas soportaron unos niveles de 46,5 decibelios de día y 47,3 de noche. Según el estudio encargado por Peña, al que accedió LA VOZ, estos niveles en 2005 se sobrepasan aún más.

Como dato importante a tener en cuenta, «con exceder en seis decibelios lo permitido, se considera un grave problema para la salud» según las fuentes consultadas.

Satisfacción

La Asociación de Juristas contra el Ruido calificó esta sentencia de «muy importante» y destacó la «sensibilidad mostrada por el órgano superior de justicia andaluz para captar el problema».

Según esta asociación, la «sentencia tienen en cuenta que la contaminación acústica afecta a los derechos fundamentales de las personas».

Esta resolución podría tener consecuencias muy importantes. Como se destaca desde Juristas Contra el Ruido, «los vecinos afectados por la Motorada de 2005 están a tiempo de pedir una indemnización al Consistorio».