Un año de cárcel y la inhabilitación durante ocho años para ejercer cualquier cargo público es la condena que solicita el Ministerio Fiscal para Juan Luis Rey Pérez, ex alcalde socialista de Talavera la Real.

Rey fue juzgado ayer, junto con el dueño de la discoteca 'Ghus', por un delito de prevaricación relacionado con el medio ambiente: se le acusa de haber hecho caso omiso a las órdenes de cierre del local enviadas durante años por la Comisión de Actividades Clasificadas de la Junta de Extremadura.

Para el responsable de la discoteca, Agustín Martín, el fiscal pide tres años de cárcel por delito medioambiental. El juicio fue celebrado ayer en el Juzgado de lo Penal número 1 de Badajoz.

Este caso parte de la denunciada realizada en el año 2003 por un matrimonio que ocupa la vivienda contigua a la discoteca. Desde que ocupó esta casa, en noviembre de 1997, esta pareja denunció la existencia de ruidos procedentes del local que superaban lo permitido y le impedían dormir. Pusieron decenas de denuncias ante la Policía Local, la Guardia Civil y la Junta de Extremadura, pero la discoteca seguía funcionando. Y ello a pesar de que no disponía de licencia municipal de apertura.

«Yo no leo lo que firmo»

En su declaración en el juicio, Juan Luis Rey, que fue alcalde de Talavera entre 1987 y 2004, afirmó no conocer nada del caso. Según su testimonio, las denuncias que se ponían ante la Policía Local pasaban directamente al secretario. No sabía ni cuando abrió la discoteca ni la fecha en que se le concedió licencia, ni si se decidió su clausura en algún momento. «Yo actúo como me diga el secretario que actúe», insistió una y otra vez el ex alcalde. Ante la sorpresa de los presentes, el ex alcalde también declaró que no leía los documentos que firmaba, y que firmaba todo lo que le ponía el secretario por delante, porque se fía de él.

Todas las preguntas de las acusaciones, las defensas y hasta la juez para conocer hasta qué punto era consciente del problema de la discoteca se estrellaron contra un frontón: «He hecho siempre lo que el secretario me ha dicho», repetía el ex alcalde.

Sin embargo, cuando un par de horas después testificó el secretario sus afirmaciones fueron rotundas: «El alcalde conocía perfectamente las denuncias». A la pregunta de si cree que el alcalde actuó de forma ilegal, el secretario contestó que siempre se ciñó a los expedientes.

En el juicio testificaron también varios policías locales y guardias civiles que acudieron a las llamadas del matrimonio denunciante contra los ruidos de la discoteca. Ni la Guardia Civil ni la Policía Local disponía de sonómetros capaces de medir el nivel de decibelios que la discoteca producía en la casa colindante. No obstante, todos reconocieron que se oía un ruido importante y que vibraban las paredes. Para algunos agentes, esos ruidos hacían imposible dormir; otros afirmaron que dependía de la sensibilidad de cada persona.

No hubo orden de cierre

El dueño de la discoteca, Agustín Martín, argumentó en su defensa que nadie les ordenó que cerraran el local. Aseguró que nunca se negó a tomar las medidas de aislamiento que la Administración le ha exigido. Agustín Martín achacó a la lentitud de la Junta y de los trámites administrativos el que se tardase siete años en disponer de licencia de apertura. «Nunca nos hemos negado a tomar medidas. Nos hemos gastado mucho dinero en ellas»., afirmó. Tanto la defensa de Juan Luis Rey, que fue ejercida por el abogado y alcalde de Los Santos de Maimona José Santiago Lavado, como la de Agustín Martín pidieron la absolución para sus representados.