B.I.C.

SEVILLA. Un juzgado de Sevilla ha abierto procedimiento abreviado contra tres responsables de una discoteca de la calle Torneo, acusados de un presunto delito ecológico por los «ruidos y vibraciones intolerables» que emite el local, tras lo cual el abogado denunciante ha pedido para cada uno cinco años de cárcel.

El abogado de la acusación particular, Manuel Alonso de Caso, dijo que junto a los cinco años de cárcel incluye en su escrito de acusación el pago de una indemnización a los vecinos y que el Ayuntamiento de Sevilla sea declarado responsable civil subsidiario.

Según el letrado, el Ayuntamiento debe ser condenado por «dejación de funciones» al tardar más de dos años en tomar las primeras mediciones en la discoteca «Weekend» de la calle Torneo, pese a las «innumerables denuncias» que recibía de los vecinos afectados.

El juzgado de instrucción 6 de Sevilla ha procesado en las actuaciones a tres administradores de la empresa que gestionaba el local, a los que imputa un presunto delito ecológico y contra el medio ambiente por los «ruidos y vibraciones intolerables» denunciados por un vecino.

Aunque el juzgado intentó llevar la denuncia por la vía administrativa ante el Ayuntamiento, la Sección Tercera de la Audiencia ordenó seguir una causa penal por entender que «la emisión de ruido de forma reiterada y continuada a lo largo de la noche durante los fines de semana, en cotas de sonido superiores a las permitidas, constituye un peligro para la salud de los afectados».

El auto de la Audiencia sostenía que el «principio de intervención mínima del derecho penal» frente a la sanción administrativa debe «decaer» cuando se trata de defender el medio ambiente, cuyo «derecho a disfrutarlo y deber de conservarlo es un valor de rango constitucional».

En el primer piso

El matrimonio denunciante, que vivía en el primer piso sobre la discoteca, aportó al juzgado el informe de una empresa especializada según el cual las emisiones de ruido entre las once de la noche y las siete de la mañana del día siguiente superaron los valores legales de 9,5 decibelios durante 5 horas y 30 minutos, mientras que durante otros 90 minutos fueron «intolerables».

El auto de procesamiento se dirige contra tres representantes legales y ha dejado fuera de la acusación a otro, al que no se consiguió notificar las sucesivas citaciones por ignorar su domicilio.