Jarandilla de la Vera (Cáceres).- El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Carlos Granados Pérez animó ayer a los ciudadanos que estén "sufriendo o padeciendo" algún caso de contaminación acústica a que denuncien estos comportamientos para que sean reprimidos, ya que está en juego la salud.

Granados Pérez pronunció la conferencia inaugural del curso "Derecho y calidad de vida" que, enmarcado en la programación de la octava edición de los Cursos de Verano Internacionales de la Universidad de Extremadura (UEX), se desarrolla en la localidad cacereña de Jarandilla de la Vera hasta el próximo viernes, día 13.

En declaraciones a los periodistas, el magistrado explicó que la contaminación acústica está directamente relacionada con la calidad de vida y con el derecho, y agregó que España es uno de los países más ruidosos del mundo.

"Dentro de España -agregó- llama la atención que sea Cáceres una de las ciudades más ruidosas".

Para el magistrado es necesario llamar la atención a la ciudadanía, las autoridades y a los responsables políticos sobre el hecho de que el ruido, la contaminación acústica, "no es una molestia sino algo mucho más importante porque está en juego la salud física y psíquica de los ciudadanos".

Indicó que hay manifestaciones "muy graves que atentan seriamente" a la salud y tranquilidad, y al derecho de la intimidad del domicilio, en las que interviene el Derecho Penal con sanciones que tienen "especial importancia" porque pueden llegar incluso hasta los cuatro años de prisión.

En este sentido apuntó que el Tribunal Supremo ha dictado ya bastantes resoluciones relacionadas con la contaminación acústica y que poco a poco se está creando una mayor sensibilidad.

No obstante, subrayó que entre todos "hay que hacer un serio esfuerzo", los tribunales, los políticos y los ciudadanos, "reclamando ante la Administración, cuando están padeciendo un ruido excesivo, para que actúe y para que, en casos extremos, también pueda actuar el Derecho Penal".

Granados Pérez defendió que hay que distinguir entre lo que son acontecimientos festivos que están perfectamente admitidos, como Las Fallas o Los Sanfermines, en los que "sería difícil imaginar que pudiésemos poner en vigor una ley del ruido, del terrible ruido continuo que es el que realmente afecta a la salud de los ciudadanos".

Tras recordar que al propietario de una discoteca en Valencia se le impuso una pena de cárcel por un asunto de contaminación acústica, abogó "por poner en guardia a los ciudadanos" para que denuncien unos comportamientos "que deben de ser reprimidos y perseguidos", bien a través de una sanción administrativa que puede llegar a los 300.000 euros o bien, ya en casos extremos, con la intervención del Derecho penal. Informó EFE.