|
El alcalde de Vila-real, Manuel Vilanova, del PP, se sienta
hoy en el banquillo acusado de un presunto delito de
prevaricación y otro presunto delito ecológico. El fiscal pide
para el alcalde ocho años y medio de inhabilitación, por no
hacer caso a unas denuncias del ruido causado por una fábrica
y solicita una pena de cuatro años y medio de cárcel para el
gerente de Rocersa, Pedro Llop, como presunto autor de un
delito ambiental. La acusación particular, que representa a
los vecinos afectados, considera a Vilanova "colaborador
necesario" del presunto delito ambiental, por lo que reclama
una pena mayor a la del fiscal que incluye prisión. Después de
que el juzgado de Vila-real archivara la causa, la Audiencia
Provincial de Castellón consideró que existían motivos
suficientes para decretar la apertura del juicio oral.
Los hechos se remontan a 1995 cuando unos vecinos
presentaron una denuncia contra la empresa Rocersa, cuya
contaminación acústica les impedía, según los querellantes,
conciliar el sueño. El matrimonio comenzó a presentar
denuncias ante el Ayuntamiento de Vila-real después de varios
meses de soportar el ruido procedente de la fábrica y tras
detectar que procedía de un cogenerador que la fábrica
cerámica había instalado junto a su factoría. Los afectados,
según uno de ellos, Antonio Flich, presentaron hasta una
veintena de denuncias con mediciones realizadas por los
agentes de la propia Policía Local del municipio. También
aportaron los controles efectuados por técnicos de la
Generalitat, que reflejaban cómo los ruidos procedentes de la
fábrica superaban, en ocasiones con creces, los límites
establecidos en la legislación. Además, la instalación no
contaba con las preceptivas licencias del Ayuntamiento de
Vila-real. Pero sus denuncias nunca fueron atendidas y jamás
se resolvieron, según los denunciantes.
Hacer justicia
Tres años
después, ante la desesperación que les produjo el sentirse
ignorados, Antonio Flich y Concepción Capella decidieron
presentar una querella ante el juzgado en la que ya acusaban
al alcalde de un presunto delito de prevaricación. El juzgado
de primera Instancia número 1 tomó declaración al alcalde y
decidió sobreseer el caso después de que Manuel Vilanova se
comprometiera a ordenar el cierre del cogenerador de la citada
fábrica. Según explicó Flich, el cogenerador no volvió a
funcionar pero a esas alturas eso ya no era suficiente. "Yo
quería que se hiciera justicia porque me había sentido
humillado durante muchos años, hasta el punto de tener que
abandonar mi casa por no poder dormir", explicó el afectado.
Por ello, el matrimonio decidió proseguir la causa judicial
y recurrir a la Audiencia de Castellón el archivo de su
denuncia. La reapertura del caso se produjo después de que la
Audiencia detectara "evidentes indicios de delito".
| 
Primera
Andalucía
