Tener una
alarma demasiado escandalosa en el coche, un tubo de escape ruidoso
o un claxon descontrolado ya no sale gratis en Madrid. Bajo el lema
el que molesta que pague hasta que deje de contaminar, el
Ayuntamiento de Madrid ha multado a más de 155 conductores que
llevaban un vehículo demasiado sonoro para los sensibles oídos de
los madrileños, que ya soportan una ciudad cargada de decibelios, y
que fueron cazados por la Policía Municipal.
La
mejor fórmula que ha encontrado la Concejalía de Medio Ambiente para
disuadir a los focos de ruido (ya sea un altavoz o un motor con
cuatro o dos ruedas) y a sus propietarios es la sanción económica.La
aplicación de la nueva Ordenanza contra el ruido, que entró en
funcionamiento en junio de 2004, empieza a sentirse en los
resultados tanto en cantidad como en calidad.
En los últimos seis meses de 2004, ya con la nueva normativa, se
duplicó el número de multas impuestas por ruido en vehículos y
alarmas de locales, pasando de 110 a 251 expedientes
sancionadores.Pero además, la subida en la cuantía de las multas ha
provocado que cinco propietarios de vehículos ensordecedores tengan
que pagar una multa de 12.000 euros (dos millones de las antiguas
pesetas por un pito demasiado estruendoso).
El ruido no puede salir gratis
«Contaminar por ruido en Madrid no puede salir gratis, ni
siquiera barato. Estábamos viendo que cuando el Ayuntamiento llegaba
a tomar alguna medida de cierre contra locales que eran foco de
contaminación, ya era demasiado tarde. De ahí el trabajo de la nueva
ordenanza y las medidas cautelares de cierre que nos permite, entre
otras actividades», explicó la concejala de Medio Ambiente, Paz
González, en el primer balance de la ordenanza.
Multa a multa, la Concejalía ha sumado más de 168.000 euros (casi
28 millones de pesetas) en sólo los primeros cinco meses del año,
incluido los 60.000 euros de las cinco multas graves que se
tramitaron.
La mayoría de las sanciones, más de 61.300 euros en total, se
debieron a la no presencia de los conductores sancionados en el
Centro Municipal de Acústica. «Cuando un policía municipal detecta
que la alarma del vehículo sobrepasa los límites, bien por la alarma
bien por el claxon o el motor, invita al conductor a que, en los 15
días siguiente, acuda al Centro Municipal de Acústica a que se haga
una medición en toda regla bajo pena de multa. Si pasa la inspección
se retira la sanción y si no la pasa, se le da un plazo para
subsanar las deficiencias que provocan la contaminación acústica.
Muchos o no vienen al Centro o no vuelven la segunda vez y es
entonces cuando se tramita el expediente sancionador por
incomparecencia», explica el director general de Sostenibilidad y
Agenda 21, Angel Sánchez.
Saltarse la prescripción policial a la torera puede costarle al
sancionado más de 600 euros, lo mismo que pagaría si el Centro
dictaminara que el vehículo está provocando contaminación acústica
entre tres y cinco decibelios.
Si no superan los tres decibelios, que ya es un ruido bastante
molesto, según sus responsables, la cuantía de la sanción no
superaría los 300 euros.
Los agentes municipales también han estado atentos a los
vehículos que utilizan la megafonía en plena calle. En los primeros
seis meses del año, ocho coches o furgonetas que utilizaron
altavoces para llamar la atención del vecindario acabaron pagando
300 euros de multa por exceso de volumen. En estos casos, se les
aplicó el artículo 28 de la nueva Ordenanza después de comprobar que
la medición de sus amplificadores superaban los límites permitidos
para ir pregonando por la capital.
Tampoco las alarmas de los locales se libraron del oído avizor de
la brigada de Medio Ambiente de la Policía Municipal. Al margen de
las llamadas colaboradoras de sufridores que tienen que soportar el
tranquilizador sonido de una alarma en mitad de la noche, las
inspecciones han levantado acta de sanción en 97 locales de la
capital que cuyo chivato antirrobo no cumplía todas las garantías
que establece la ley para que no moleste a sus vecinos.En total, se
han recogido por este concepto, 29.100 euros en lo que va de año.
«La nueva ordenanza nos permite aligerar los trámites y mejorar
la capacidad de intervención, porque si no somos ágiles en el cobro
de las sanciones, el efecto se desvanecería», insiste Angel Sánchez.
La sensibilidad de la ordenanza ha llevado a los agentes a
prestar más atención a las alarmas de los vehículos, llegando a
triplicar las sanciones en los primeros seis meses del año respecto
a 2004 (de 8 a 26). Con todas estas medidas, se pretende acabar con
el exceso de ruido no sólo provocado por bares y discotecas, que
también, sino por cualquier foco molesto para los ciudadanos.