Sábado, 11 de junio de 2005. Año XVII. Número: 5.660.
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 MADRID
Ayuntamiento. Medio Ambiente sanciona a cinco conductores con 12.000 euros por superar los niveles permitidos por alarmas incontroladas, tubos de escape ruidosos o abuso de la bocina
12.000 euros de multa por exceso de claxon
CARMEN SERNA

Tener una alarma demasiado escandalosa en el coche, un tubo de escape ruidoso o un claxon descontrolado ya no sale gratis en Madrid. Bajo el lema el que molesta que pague hasta que deje de contaminar, el Ayuntamiento de Madrid ha multado a más de 155 conductores que llevaban un vehículo demasiado sonoro para los sensibles oídos de los madrileños, que ya soportan una ciudad cargada de decibelios, y que fueron cazados por la Policía Municipal.

La mejor fórmula que ha encontrado la Concejalía de Medio Ambiente para disuadir a los focos de ruido (ya sea un altavoz o un motor con cuatro o dos ruedas) y a sus propietarios es la sanción económica.La aplicación de la nueva Ordenanza contra el ruido, que entró en funcionamiento en junio de 2004, empieza a sentirse en los resultados tanto en cantidad como en calidad.

En los últimos seis meses de 2004, ya con la nueva normativa, se duplicó el número de multas impuestas por ruido en vehículos y alarmas de locales, pasando de 110 a 251 expedientes sancionadores.Pero además, la subida en la cuantía de las multas ha provocado que cinco propietarios de vehículos ensordecedores tengan que pagar una multa de 12.000 euros (dos millones de las antiguas pesetas por un pito demasiado estruendoso).

El ruido no puede salir gratis

«Contaminar por ruido en Madrid no puede salir gratis, ni siquiera barato. Estábamos viendo que cuando el Ayuntamiento llegaba a tomar alguna medida de cierre contra locales que eran foco de contaminación, ya era demasiado tarde. De ahí el trabajo de la nueva ordenanza y las medidas cautelares de cierre que nos permite, entre otras actividades», explicó la concejala de Medio Ambiente, Paz González, en el primer balance de la ordenanza.

Multa a multa, la Concejalía ha sumado más de 168.000 euros (casi 28 millones de pesetas) en sólo los primeros cinco meses del año, incluido los 60.000 euros de las cinco multas graves que se tramitaron.

La mayoría de las sanciones, más de 61.300 euros en total, se debieron a la no presencia de los conductores sancionados en el Centro Municipal de Acústica. «Cuando un policía municipal detecta que la alarma del vehículo sobrepasa los límites, bien por la alarma bien por el claxon o el motor, invita al conductor a que, en los 15 días siguiente, acuda al Centro Municipal de Acústica a que se haga una medición en toda regla bajo pena de multa. Si pasa la inspección se retira la sanción y si no la pasa, se le da un plazo para subsanar las deficiencias que provocan la contaminación acústica. Muchos o no vienen al Centro o no vuelven la segunda vez y es entonces cuando se tramita el expediente sancionador por incomparecencia», explica el director general de Sostenibilidad y Agenda 21, Angel Sánchez.

Saltarse la prescripción policial a la torera puede costarle al sancionado más de 600 euros, lo mismo que pagaría si el Centro dictaminara que el vehículo está provocando contaminación acústica entre tres y cinco decibelios.

Si no superan los tres decibelios, que ya es un ruido bastante molesto, según sus responsables, la cuantía de la sanción no superaría los 300 euros.

Los agentes municipales también han estado atentos a los vehículos que utilizan la megafonía en plena calle. En los primeros seis meses del año, ocho coches o furgonetas que utilizaron altavoces para llamar la atención del vecindario acabaron pagando 300 euros de multa por exceso de volumen. En estos casos, se les aplicó el artículo 28 de la nueva Ordenanza después de comprobar que la medición de sus amplificadores superaban los límites permitidos para ir pregonando por la capital.

Tampoco las alarmas de los locales se libraron del oído avizor de la brigada de Medio Ambiente de la Policía Municipal. Al margen de las llamadas colaboradoras de sufridores que tienen que soportar el tranquilizador sonido de una alarma en mitad de la noche, las inspecciones han levantado acta de sanción en 97 locales de la capital que cuyo chivato antirrobo no cumplía todas las garantías que establece la ley para que no moleste a sus vecinos.En total, se han recogido por este concepto, 29.100 euros en lo que va de año.

«La nueva ordenanza nos permite aligerar los trámites y mejorar la capacidad de intervención, porque si no somos ágiles en el cobro de las sanciones, el efecto se desvanecería», insiste Angel Sánchez.

La sensibilidad de la ordenanza ha llevado a los agentes a prestar más atención a las alarmas de los vehículos, llegando a triplicar las sanciones en los primeros seis meses del año respecto a 2004 (de 8 a 26). Con todas estas medidas, se pretende acabar con el exceso de ruido no sólo provocado por bares y discotecas, que también, sino por cualquier foco molesto para los ciudadanos.

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