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Ángel
Tristán
El auto del Juzgado número Uno de lo
Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife que
suspende los mogollones en las calles por su alto nivel
de ruido, ha desatado una ofensiva conjunta del
Ayuntamiento y de las agrupaciones del Carnaval,
indignados por la suspensión cautelar. "Se hunde el
Carnaval", están diciendo; Zerolo pide "calma y
tranquilidad a los chicharreros" pero ha publicado un
Bando "embargado por una profunda indignación y una
honda tristeza" ante la intromisión de los jueces. "El
Carnaval peligra", titula El Día.
No hay tal. Se
trata simplemente de la habitual colisión de derechos y
de la necesidad de establecer cuál es el límite de cada
uno y cuál es el que debe prevalecer sobre el otro. Los
ciudadanos, en general, tienen derecho a los Carnavales;
pero los ciudadanos, en general pero en particular
también, tienen derecho al descanso. Los reglamentos y
ordenanzas, y directivas europeas, gracias a Dios,
establecen cuál es el máximo nivel de ruido permitido,
traducido esto en decibelios o en sensatez, para que la
gente corriente pueda descansar conforme a sus
necesidades.
¿Qué derecho es más importante? ¿Puede
uno de ellos confiscar los derechos ajenos? No se trata
de una discusión teórica, sino del debate de fondo que
se está planteando. Si año tras año, no un día aislado,
sino a lo largo de semanas, unos vecinos se ven
impedidos de dormir con normalidad, están sufriendo una
confiscación efectiva y medible de sus derechos. Miguel
Zerolo, alcalde santacrucero, cree que las víctimas "no
están siendo solidarias", pero es que quienes sufren en
su persona daños a la salud producidos por el rebumbio
callejero, no tienen que ser solidarias; son los que
molestan los que tienen que serlo.
En la Europa
civilizada -por aquí andamos todavía descubriendo la
pólvora, y los alcaldes y concejales se sorprenden
cuando una anciana que se rompe una cadera en una zanja
mal señalizada gana una indemnización en los tribunales-
estas discusiones están superadas. Allí, en Gran
Bretaña, en Bélgica, en Alemania, en los Países Bajos,
en Suecia... ni los perros ladran por las noches más, en
todo caso, de un par de ladridos de reafirmación de su
personalidad. Pero el guau, guau, guau, guau, guau...
constante a lo largo de horas, nocturnas o diurnas, lo
mismo da, ni siquiera se concibe. Aquí cualquiera puede
tener media docena de chuchos, sin documentar y sin chip
y sin vacunas, sin educar y sin limpiar, que molestan a
la vecindad y constituyen un peligro sanitario, y los
ayuntamientos se declaran autistas. Desatienden su
obligación principal. ¿Y cuál es nuestra obligación
principal?, llegan a preguntarse algunos alcaldes y
concejales. Pues desarrollar y hacer respetar los
derechos elementales, de sentido común, de los vecinos.
Y uno de ellos es el derecho al descanso.
Es muy
cómodo para los políticos hacer lo más fácil. En vez de
crear zonas adecuadas para los actos masivos que demande
la tradición o personalidad del lugar, Carnavales,
conciertos de rock o pop, etcétera, eligen la calle o
las plazas públicas, enclavadas en áreas netamente
residenciales. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria podría haber tenido ya desde hace años un
magnífico recinto para este tipo de acontecimientos, la
Ciudad de la Música, en el Rincón, al lado del
Auditorio, de Las Arenas, con estupendas comunicaciones
y en un enclave aislado de los edificios de viviendas.
Los decibelios solo molestarían a las pardelas que
revolotean por la noche de regreso a sus nidos o a sus
apartamentos, como se llame según los ecologistas, que
uno no puede meterse en eso porque sale desplumado. Para
respetar los derechos de las pardelas hubo que modificar
el sistema lumínico del puente. Pero el respeto de los
derechos de los ciudadanos ocasiona discusiones
estúpidas.
Los ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife
tienen derecho a divertirse, a disfrazarse, cómo no, y a
quedarse sordos si voluntariamente así lo deciden. La
sordera por propia decisión es un derecho, siempre y
cuando no incremente el gasto del Servicio Canario de
Salud, que pagamos todos. Pero los ciudadanos de Santa
Cruz también tienen derecho a dormir o a sestear; ni los
niños, ni los ancianos, ni los trabajadores, ni los
enfermos pueden verse machacados por el jolgorio de
otros.
¿La solución? Muy sencilla: responsabilidad,
inteligencia y encontrar una alternativa. Elemental,
queridos Zerolo y Luzardo, y otros, políticos o
relumbrones de todos los colores.
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La Opinión de
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