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Asesoría Técnica Acústica Gabinete Psicològico Consulta Médica | El ruido es una de las manifestaciones de agresión al medio ambiente y a la salud de las personas (sentencia del Tribunal Supremo, de 24 de febrero de 2003, Sala Segunda (Penal) Caso Chapó) | |
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TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA
Don Emilio
Berlanga Ribelles
En la ciudad de Barcelona, a veintinueve de enero de dos mil ocho. VISTOS POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA (SECCIÓN SEGUNDA), constituída para la resolución de este recurso, ha pronunciado en el nombre del Rey, la siguiente sentencia en el rollo de apelación nº 123/2007, interpuesto por E.A.M. y F.T.G., representado por el Procurador de los Tribunales D. V.D.C. y asistido de letrado, contra AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR, representado por el Procurador de los Tribunales J. C. P. y defendido por Letrado, con intervención del MINISTERIO FISCAL. Ha sido Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dª Laura Tamames Prieto-Castro, quien expresa el parecer de la Sala.
PRIMERO.-
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 5 de Barcelona dictó
en el recurso contencioso-administrativo nº 522/06-B, la sentencia
nº 128 de fecha 22 de marzo de 2007, cuyo fallo es del tenor literal
siguiente: “PRIMERO: Desestimar el recurso contencioso administrativo
interpuesto contra el acto administrativo impugnado. SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia, se interpuso recurso de apelación, siendo admitido por el Juzgado de Instancia, con remisión de las actuaciones a este Tribunal previo emplazamiento de las partes, siendo parte apelante E.A.M. y F.T.G. y apelada AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR. TERCERO.- Desarrollada la apelación se señaló día y hora para votación y fallo que ha tenido lugar el día 20 de diciembre de 2007. CUARTO.- En la sustanciación del presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.
PRIMERO.- En la Sentencia aquí recurrida que analiza el amparo solicitado conforme el artículo 18.1 y 2 de la CE se dice que: “Del examen de la prueba practicada se constata de modo indubitado que los recurrentes han padecido molestias por el ruido originado por la actividad musical que tenia lugar en el hotel los días 25 y 26 de julio y 1 de agosto de 2006, pero dicha inmisión acústica únicamente acreditada durante esos días con pruebas objetivas (mediciones sonométricas) fue oportunamente advertida por la Administración y puso en marcha la actividad municipal para sancionar al empresario responsable y para adoptar las medidas de restauración de la legalidad. En consecuencia, ha de desestimarse el presente recurso por cuanto no existe inactividad de la Administración demandada vulneradora de los derechos fundamentales invocados, por cuanto las inmisiones de contaminación acústica tuvieron lugar únicamente en tres ocasiones durante todo el periodo estival del año 2006 por lo que no puede hablarse de una acumulación de ruidos que hayan podido afectar por su carácter prolongado e insoportable a los derechos fundamentales...... Y en todo caso, las agresiones acústicas puntuales dieron lugar a la incoación del oportuno expediente sancionador por parte del consistorio por lo que no puede hablarse de inactividad municipal en el ejercicio de sus competencias. Ciertamente, la incoación tardía del expediente sancionador, sin adoptar medidas cautelares urgentes, no justificaría la actuación municipal....pero en el presente caso las molestias tuvieron lugar únicamente tres días concretos y en horas no demasiado tardías como para perjudicar gravemente el sueño al estar dentro del horario autorizado. Otra cosa es que los actores hubieran aportado pruebas de un ruido constante diario o semanal, nocturno, sistemático que les expusiera a ruido evaluado objetivamente en decibelios y que encima la Administración hiciera caso omiso a sus quejas o se retrasara manifiestamente en adoptar soluciones. En el presente caso, no solo se acredita que la Administración atendió a todos los requerimientos de los recurrentes y efectuó un seguimiento de la actividad musical del hotel en cuestión (folios 2 a 8, 24 a 31, 40, 46 y 50 del expediente), sino también que únicamente en tres días de todo el verano de 2006 se acreditó la infracción cometida por el Hotel por exceso de decibelios y en esos tres días en conjunto no se excedió en 55 minutos de exposición, lo que dio lugar a la incoación del expediente sancionador correspondiente”. SEGUNDO.-
La recurrente argumenta en primer lugar: errónea valoración
de la prueba documental. En concreto, que la sentencia apelada concluyó
el carácter esporádico del ruido a partir de las tres
únicas mediciones sonométricas que constan en el expediente: Entienden
los recurrentes que dichas mediciones debieron valorarse en conjunto
con otras pruebas que obran en el expediente y en concreto las de los
folios siguientes: Manifiestan los actores que de todo ello se desprende que como mínimo 3 veces por semana se realizaron actuaciones, demostrándose con ello la habitualidad, ejerciéndose la actividad de manera clandestina sin que se hubiese otorgado el correspondiente permiso que la legitimara bien fuera de los términos expresamente autorizados, bien por el exceso de sonoridad autorizada. Asimismo se señala que la inactividad administrativa tuvo lugar, pues la actividad requerida no era solo que se comprobaran las emisiones sonoras, sino que se continuaran los trámites administrativos en forma de paralización cautelar de la actividad mientras se tramitaba el expediente sancionador. Entiende la actora que no constituye la actividad requerida el hecho de que se esperara hasta la fecha de 19 de octubre de 2006 por parte de la administración para incoar el expediente, cuando ya había finalizado la actividad molesta y por lo tanto ya no se protegían los intereses de los vecinos. En cuanto a la suficiencia probatoria y en concreto al hecho de que los ruidos fueran diarios, se cita jurisprudencia TS y del TEDH que han establecido que la prueba del ruido en casos como el presente se ha de constatar a partir del conjunto del material probatorio y flexibilizando la carga de la prueba sin que las mediciones sonométricas resulten imprescindibles (sentencia de TS de 29/04/03 y sentencia de TEDH de 16/11/04). En cuanto a la denegación de la aprueba testifical en fase de instancia, entienden los actores que ello habría podido acreditar la constancia de los ruidos y el hecho de que las inmisiones sonoras resultaban insoportables. En el escrito de interposición de la apelación, en relación con los daños y perjuicios que se solicitaron en la demanda de instancia solo se hace referencia al hecho de que en la noche del 1 de agosto de 2006, en el domicilio de los actores la inmisión sonora era equivalente al impacto acústico de una sirena de un vehiculo de emergencia por lo que no resulta extraño que la hija menor de uno de los actores tuviese que ser atendida en las urgencias del Hospital de Calella (documento número cinco). TERCERO.- Por el Ministerio Fiscal se manifiesta que comparte las alegaciones formuladas por el apelante y añade que: se imputa al actor la falta de prueba para fundar su pretensión cuando lo cierto es que se le denegó la práctica de la testifical de los vecinos de una finca cercana también afectados por la perturbación acústica. Asimismo que se considera probada la inmisión acústica únicamente en tres días sin valorar la prueba documental que obra en las actuaciones además de toda la que el apelante detalla en su escrito. Que la Administración cuando decide incoar el expediente sancionador lo hace tanto por lo que se refiere al nivel de ruido como al incumplimiento del horario. Entiende el Ministerio Fiscal que en el supuesto de autos debe de aplicarse el razonamiento jurídico contenido en la sentencia de esta misma Sala y Sección de 2 de febrero de 2007, recurso de apelación 115/06. Por el Ayuntamiento demandado se manifiesta que no existe error en la apreciación de la prueba practicada y que dicha Administración obró diligentemente al incoar en fecha 19 de octubre de 2006 procedimiento sancionador. CUARTO.- A la vista de las numerosas actuaciones realizadas por los distintos vecinos de la zona, consistentes fundamentalmente en denuncias que dieron lugar en algunos casos a la personación de la policía, y en tres de ellos la medición de las inmisiones, debe entenderse que efectivamente los ruidos superaban lo tolerado por las condiciones de la autorización administrativa (otorgada por el Ayuntamiento el 14 de julio de 2006, folio 12 del expediente). La prueba que en la instancia no fue admitida y resulta ser suficiente para consolidar la acreditación de que el ruido fue “constante, diario, semanal, nocturno, evaluado” etc, se ha practicado durante la tramitación del presente recurso de apelación y en concreto por la testigo Dª G.A.M., quien declaró que el ruido era de frecuencia diaria, desde las 22.00 horas hasta la 1.00, durante los meses de junio hasta finales de septiembre u octubre. En el mismo sentido, referente a la frecuencia diaria de los ruidos, entre las 22.00 horas y la 01.30 horas a lo largo de todo el verano, declaró el segundo testigo D. C.C.B. Esta prueba unida a los documentos que constan en el expediente, pormenorizados en el escrito de los actores acreditan sin duda alguna que durante los meses de verano del año 2006 se produjeron continuas inmisiones acústicas en horas no permitidas por la autorización administrativa y en intensidad que superaba lo admitido legalmente. Hay que
resaltar que a pesar de la innumerables quejas, que dieron lugar a que
por la Administración se llevaran a cabo mediciones sonométricas
en por lo menos tres ocasiones y que estas acreditaron los hechos que
con posterioridad a la demanda en fecha 19 de octubre dieron lugar a
la incoación de un expediente sancionador (que ha terminado con
resolución sancionadora según se desprende del documento
aportado por la administración), no propiciaron sin embargo que
por el ayuntamiento se realizara actividad alguna o se adoptara medida
alguna de intervención , sino que todo ello se pospuso a la fecha
19 de octubre. Siguiendo lo ya resuelto en la Sentencia de esta misma Sala y Sección de 8 de febrero de 2007, recurso de apelación 115/06, “no cabe olvidar que como ha declarado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en sentencia dictada en el caso Moreno Gómez contra España, una reglamentación que pretenda proteger los derechos garantizados sería una medida ilusoria si no fuese observada de manera constante y el Tribunal debe recordar que el Convenio pretende proteger derechos efectivos y no ilusorios o teóricos”. QUINTO.- En relación con la indemnización solicitada como consecuencia de los problemas que tuvo la hija de unos de los actores procede desestimar el recurso pues aunque consta hoja de asistencia, esta por si sola y sin más prueba no resulta bastante a los efectos de dar por acreditados los daños reclamados habida cuenta de que este se limita a referir los síntomas, crisis de ansiedad, que le relata el paciente (la hija de catorce años de uno de los recurrentes) pero no realiza un diagnóstico que permita fundamentar el perjuicio y el alcance del daño. En el mismo sentido ya se ha pronunciado esta Sala en Sentencias de 13 de marzo de 2006 (autos 530/05) y 8 de febrero de 2007 (rollo de Apelación 115/06). Aún no habiéndose acreditado la lesión al derecho a la integridad física y moral, sin embargo, si queda probada la vulneración de los derechos fundamentales a la intimidad e inviolabilidad del domicilio por lo que debe entenderse que la inactividad del Ayuntamiento, debe dar lugar a ser indemnizada en la cantidad que se hará constar en el fallo. SEXTO.- No procede pronunciamiento sobre costas. Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de Su Majestad el Rey,
1º.- Estimar parcialmente el recurso de apelación 2º.- Declarar lesionados por inactividad de la Administración demandada los derechos fundamentales de los actores invocados. 3º.- Condenar al Ayuntamiento de Pineda de Mar a indemnizar a los recurrentes en la cuantía de 1.500 euros cada uno. 4º.- No hacer expresa imposición de costas. Notifíquese la presente sentencia a las partes en la forma prevenida en la Ley haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno.
JUZGADO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO NÚM. 5 DE BARCELONA
Representante: Parte demandada: AYUNTAMIENTO DE PINEDA DE MAR Representante: MINISTERIO FISCAL Sentencia Núm. 128/2007 En Barcelona, a veintidós de marzo de dos mil siete.
ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Admitido a trámite el recurso, se le dio el trámite del procedimiento especial de Derechos Fundamentales, previsto en el Título V, capitulo I de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Reclamado el expediente administrativo y habiéndose dado vista del mismo a las partes respectivamente para la formulación de la demanda y de la contestación, se acordó oír al Ministerio Fiscal. SEGUNDO.- A través del correspondiente Auto se recibió el pleito a prueba que debía versas sobre los puntos de hecho interesados por las partes. Propuesta y admitida la que fue en forma, se practicó con la resultancia que es de ver en autos. TERCERO.- Por providencia se declaró conclusa la discusión escrita y el periodo probatorio, quedando el procedimiento concluso para sentencia. CUARTO.- En la tramitación de este procedimiento se han cumplido todos los trámites legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- La cuestión objeto de esta litis es la impugnación de la resolución presunta del AYUNTAMIENTO DE PINEDA DE MAR que desestimaba por silencio administrativo la petición de los recurrentes, presentada en fecha 2 de agosto de 2006, por la que solicitaban que se adoptasen las medidas necesarias para el cesará la contaminación acústica proveniente de la actividad de ambientación musical nocturna al aire libre que se ejerce en el establecimiento hotelero “MONTEMAR” sito en la calle Puntaires, 20 del citado municipio. Denuncia la parte recurrente la inactividad de la Administración en el ejerció de sus potestades de policía ambiental y disciplina de actividades molestas que tiene encomendadas por la normativa frente a la contaminación acústica que tiene su origen en la ambientación musical al aire libre que se ejerce en el jardín-terraza de Hotel MONTEMAR que está situado enfrente del domicilio de los recurrentes. Alegan los demandantes, como fundamento de su recurso, la vulneración de los artículos 18.1 y 18.2 de la Constitución Española, es decir, el derecho a la integridad física y moral y a la intimidad personal y familiar por las inmisiones acústicas y otras molestias por ruidos que invaden los domicilios de los recurrentes, lo que produce, además de los evidentes daños a la salud, por impedir el sueño y el descanso en condiciones correctas, una intromisión ilegitima en la intimidad personal y del domicilio. Termina solicitando que se declare la inactividad de la Administración demandada por falta de corrección y sanción de la actividad molesta y también se declare la lesión de los derechos fundamentales invocados contenidos en el artículo 18.1 y 2 de la Constitución Española; se condene al Ayuntamiento demandado a que adopte las medidas necesarias para restablecer la legalidad vigente de manera que cesen inmediatamente las molestias y daños y que, en compensación de los daños y perjuicios causados, se condene al Ayuntamiento demandado a indemnizar a los recurrentes en una cuantía de 6.000 euros a cada uno de los recurrentes. Por su parte, el Ministerio Fiscal expone que es evidente que los derechos que adornan al recurrente (inviolabilidad domiciliaria, intimidad personal y familiar, integridad física y moral) han sido alienados por la conducta incívica del citado hotel. Interesa la estimación del recurso, obligándose al Ayuntamiento a remediar las molestias que acarrea el Hotel MONTEMAR, condenado además a la entidad municipal al pago de indemnización por daños y perjuicios morales. El Ayuntamiento demandado se opone a la demanda y manifiesta que ha venido adoptando las medidas necesarias que permite el ordenamiento, incluso ha incoado expediente sancionador a la empresa por la contaminación acústica que se ha acreditado los días 25 y 26 de julio y 1 de agosto de 2006. SEGUNDO.- Con respecto al procedimiento especial de derechos fundamentales, conviene decir que este proceso excepcional tiene como finalidad específica la de comprobar si el acto de la Administración Pública que se impugna afecta o no al ejercicio de un derecho fundamental de la persona contenido en los artículos 14 a 29 de la Constitución Española, teniendo ello trascendencia constitucional, por encima de una mera cuestión de legalidad ordinaria y justificando por tanto la utilización de este cauce procesal privilegiado previsto en el título V de la vigente Ley de la Jurisdicción. El artículo 114 de la LJCA en su párrafo segundo, dispone que podrá hacerse valer por este procedimiento las pretensiones a que se refieren los artículos 31 y 32, siempre que tengan como finalidad la de restablecer o preservar los derechos o libertades por razón de los cuales el recurso hubiese sido formulado. En la Constitución Española, los derechos fundamentales son, ante todo, derechos subjetivos, porque en la noción de “estado” que deriva de la Constitución Española de 1978, estos derechos aparecen reconocidos, al igual que en la tradición del derecho natural como propios del individuo, previos e independientes del Estado, limitando desde el principio la autoridad estatal. Este hecho posibilita el ejercicio de pretensiones por parte de los individuos ante los tribunales, mediante la invocación, en muchos casos, directa de su regulación constitucional. Con la nueva regulación establecida, quien ostente un derecho o interés legítimo en la impugnación de las actuaciones públicas que se estima lesiva para su derecho fundamental, podrá aparecer como accionante ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Este proceso especial tendrá por objeto, como así ha establecido reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, que sigue siendo válida y de plena aplicación, el conocimiento por parte de los Tribunales de las pretensiones deducidas frente a las actuaciones de los poderes públicos sometidas a derecho administrativo, fundadas en la lesión “razonablemente fundada y planteada” de los derechos fundamentales comprendidos en los artículos 14 a 19 y 30-2 de la CE. El recurso de amparo judicial ordinario tiene por objeto, según establece el artículo 114 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1998, otorgar amparo judicial respecto de las vulneraciones imputables a la actividad o inactividad de las Administraciones Públicas, con la finalidad de preservar o restablecer los derechos fundamentales y libertades públicas a que se refiere el artículo 53.2 de la Constitución, para lo que la parte demandante podrá hacer valer las pretensiones a que se refieren los artículos 31 y 32 de la referida Ley procesal, entre las que se integra la facultad de pretender del órgano jurisdiccional que se condene a la Administración al cumplimiento de sus obligaciones en los concretos términos en que están establecidas. El procedimiento contencioso-administrativo de protección de los derechos fundamentales de la persona, se califica en la ley Jurisdiccional 29/1998, de 13 de julio, de procedimiento especial, y conserva las notas de preferencia y sumariedad que le confiere el artículo 53.2 de la Constitución derivado de la propia especialidad de su objeto, otorgar de modo preferente y privilegiado la tutela de los derechos fundamentales de la persona. Es objeto del proceso contencioso-administrativo de amparo tutelar al ciudadano de la vulneración por las autoridades públicas administrativas del contenido constitucional de los derechos y libertades fundamentales, pudiendo el juez extenderse al examen de cuestiones de legalidad que afecten al orden público de las libertades, según se advierte de la lectura del artículo 121 de la referida Ley jurisdiccional, que establece que “la sentencia estimará el recurso cuando la disposición, la actuación o el acto administrativo incurrieran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico incluso a la desviación de poder y como consecuencia de la misma el derecho de las susceptibles de amparo”. TERCERO.- Los recurrentes invocan en su escrito de demanda los artículos 18.1 y 2 de la Constitución Española, incidiendo en particular en el derecho a la intimidad personal y a la inviolabilidad del domicilio (artículos 18.1 y 2 CE). La Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 119/2001 (pleno), de 29 mayo estableció que en relación con el derecho fundamental a la integridad física y moral, que dicho Tribunal ha tenido ocasión de señalar que su ámbito constitucionalmente garantizado protege <la inviolabilidad de la persona, no sólo contra los ataques dirigidos a lesionar su cuerpo o espíritu, sino también contra toda clase de intervención en esos bienes que carezca del consentimiento de su titular> SSTC 120/1990, de 27 de junio, [RTC 1990,120]; 215/1994, de 14 de julio [RTC 1994,215]; 35/1996, de 11 de marzo [RTC 1996,35] y 207/1996, de 15 de diciembre [RTC 1996,207]. Por lo que se refiere al derecho a la intimidad personal y familiar, ha declarado el Tribunal Constitucional reiteradamente que tiene por objeto la protección de un ámbito reservado de la vida de las personas excluido del conocimiento de terceros, sean éstos poderes públicos o particulares, en contra de su voluntad (por todas SSTC 144/1999,de 22 de julio [RTC 1999,144] y 292/2000, de 30 de noviembre [RTC 2000,292]. Igualmente, ha puesto de relieve que este derecho fundamental se halla estrictamente vinculado a la propia personalidad y deriva, sin ningún género de dudas, de la dignidad de la persona que el artículo 10.1 CE reconoce (SSTC 202/1999, de 8 de noviembre [RTC 1999,202] y las resoluciones allí citadas), e implica <la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás, necesario, según las pautas de nuestra cultura, para mantener una calidad mínima de la vida humana> (STC 186/2000, de 10 de julio [RTC 2000,186]. Por último, el Tribunal Constitucional ha identificado como <domicilio inviolable> el espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales y donde ejerce su libertad más intima [por todas, STC 171/1999, de 27 de septiembre [RTC 1999,171]. Consecuentemente, hemos señalado que el objeto especifico de protección en este derecho fundamental es tanto el espacio físico en sí mismo como también lo que en él hay de emanación de la persona que lo habita (STC 22/1984, de 17 de febrero [RTC 1984,22]. Partiendo de la doctrina aquí expuesta en apretada síntesis, se debe señalar que estos derechos han adquirido también una dimensión positiva en relación con el libre desarrollo de la personalidad, orientada a la plena efectividad de estos derechos fundamentales. En efecto, habida cuenta que nuestro texto constitucional no consagra derechos fundamentales teóricos o ilusorios, sino reales y efectivos (STC 12/1994, de 17 de enero [RTC 1994,12]), se hace imprescindible asegurar su protección no sólo frente a las injerencias ya mencionadas, sino también frente a los riesgos que puedan surgir en una sociedad tecnológicamente avanzada. A esta nueva realidad ha sido sensible la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como se refleja en las Sentencias de 21 de febrero de 1990 (TEDH 1990,4), caso Powell y Rayner contra Reino Unido; de 9 de diciembre de 1994 (ETD 1994,3) caso López Ostra contra Reino de España y de 19 de febrero de 1998 (ETD 1998,2), caso Guerra y otros contra Italia. En efecto el ruido puede llegar a representar un factor psicopatógeno destacado en el seno de nuestra sociedad y una fuente de permanente perturbación de la calidad de vida de los ciudadanos. Así lo acreditan, en particular, las directrices marcadas por la Organización Mundial de la Salud sobre ruido ambiental, cuyo valor como referencia científica no es preciso resaltar. En ellas se ponen de manifiesto las consecuencias que la exposición prolongada a un nivel elevado de ruidos tienen sobre la salud de las personas (v. gr. deficiencias auditivas, apariciones de dificultades de comprensión oral, perturbación del sueño, neurosis, hipertensión e isquemia), así como sobre su conducta social (en particular, reducción de los comportamientos solidarios e incremento de las tendencias agresivas). Consecuentemente, procede examinar la posible incidencia que el ruido tiene sobre la integridad real y efectiva de los derechos fundamentales antes acotados, discerniendo lo que estrictamente afecta a los derechos fundamentales protegibles en amparo. En este punto, junto a la doctrina de nuestro Tribunal constitucional en esta materia ha de traerse a colación, como tantas veces lo hace dicho Tribunal en sus sentencias sobre la materia que nos ocupa, la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su interpretación y tutela de los derechos fundamentales. En lo que ahora estrictamente interesa, dicha doctrina recoge especialmente en las sentencias mencionadas del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de 9 de diciembre de 1994, caso López Ostra contra Reino de España, y de 19 de febrero de 1998, caso Guerra y otros contra Italia. En dichas resoluciones se advierte que, en determinados casos de especial gravedad, ciertos daños ambientales aún cunado no pongan en peligro la salud e las personas, pueden atentar contra su derecho al respeto de su vida privada y familiar, privándola del disfrute de su domicilio, en los términos del artículo 8.1 del Convenio de Roma. Dicha doctrina debe servir, conforme proclama el ya mencionado artículo 10.2 CE como criterio interpretativo de los preceptos constitucionales tuteladores de los derechos fundamentales (STC 303/1993, de 25 de octubre). En el bien entendido que ello no supone una traslación mimética del referido pronunciamiento que ignore las diferencias normativas existentes entre la Constitución Española y el Convenio Europeo de Derechos Humanos ni la antes apuntada necesidad de acotar el ámbito del recurso contencioso-administrativo especial a sus estrictos términos, en garantía de la operatividad y eficacia de este medio excepcional de protección de los derechos fundamentales. Desde la perspectiva de los derechos fundamentales implicados, debemos emprender nuestro análisis recordando la posible afección al derecho a la integridad física y moral. A este respecto, habremos de convenir en que, cuando la exposición continuada a unos niveles intensos de ruido ponga en grave peligro la salud de las personas, esta situación podrá implicar una vulneración del derecho a la integridad física y moral (artículo 15 CE). En efecto, si bien es cierto que no todo supuesto de riesgo o daño para la salud implica vulneración del artículo 15 CE, sin embargo cuando los niveles de saturación acústica que deba de soportar una persona, a consecuencia de una acción u omisión de los poderes públicos, rebasen el umbral a partir del cual se ponga en peligro grave e inmediato la salud, podrá quedar afectado el derecho garantizado en el artículo 15 CE. Respecto a los derechos del artículo 18 de la CE, debe ponerse de manifiesto que en tanto el artículo 8.1 CEDH reconoce el derecho de toda persona <al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia>, el artículo 18 CE dota de entidad propia y diferenciada a los derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar (artículo 18.1) y a la inviolabilidad del domicilio (artículo 18.2). Respecto del primero de estos derechos fundamentales el Tribunal Constitucional ha precisado que su objeto hace referencia a un ámbito de la vida de las personas excluido tanto del conocimiento ajeno como de las intromisiones de terceros, y que la delimitación de este ámbito ha de hacerse en función del libre desarrollo de la personalidad. De acuerdo con este criterio, se ha de convenir en que uno de dichos ámbitos es el domiciliario por ser aquel en el que los individuos, libres de toda sujeción a los usos y convenciones sociales, ejercen su libertad más intima (SSTC 22/1984, de 17 de febrero, 137/1985, de 17 de octubre y 94/1999, de 31 de mayo). Teniendo esto presente, puede ya concluirse que una exposición prologada a unos determinados niveles de ruido, que puedan objetivamente calificarse como evitables e insoportables, ha de merecer la protección dispensada al derecho fundamental a la intimidad personal y familiar, en el ámbito domiciliario, en la medida en que impidan o dificulten gravemente el libre desarrollo de la personalidad, siempre y cuando la lesión o menoscabo provenga de actos u omisiones de entes públicos a los que sea imputable la lesión producida. CUARTO.- Expuesta la doctrina constitucional relevante para la resolución del caso, corresponde determinar si, a la vista de las circunstancias concurrentes en él, los derechos fundamentales sustantivos por cuya razón se solicita el amparo han sido efectivamente infringidos. Conforme se ha avanzado, el análisis ha de ceñirse estrictamente a las alegaciones relativas a los artículos 18.1 y 2 CE. Es decir, que lo que aquí se plantea exclusivamente si el nivel de ruidos padecidos por los demandantes en sus domicilios reviste entidad suficiente para entender que se han vulnerado los derechos fundamentales antes citados. Del examen de la prueba practicada, del expediente administrativo y de las alegaciones de las partes se constata de modo indubitado que los recurrentes han padecido molestias por el ruido originado por la actividad musical que tenía lugar en el Hotel MONTEMAR los días 25 y 26 de julio y 1 de agosto de 2006, pero dicha inmisión acústica únicamente acreditada durante esos días con pruebas objetivas (mediciones sonométricas) fue oportunamente advertida por la Administración demandada y puso en marcha la actividad municipal para sancionar al empresario responsable y para adoptar las medidas de restauración de la legalidad. En consecuencia, ha de desestimarse el presente recurso por cuanto no existe inactividad de la Administración demandada vulneradora de los derechos fundamentales invocados, por cuanto las inmisiones de contaminación acústica tuvieron lugar y así se acreditan únicamente por la propia Administración en tres ocasiones durante todo el período estival del año 2006, por lo que no puede hablarse de una acumulación de ruidos que hayan podido afectar por su carácter prolongado e insoportable a los derechos fundamentales para cuya preservación accionan los recurrentes en el presente pleito. Y, en todo caso, las agresiones acústicas puntuales dieron lugar a la incoación del oportuno expediente sancionador por parte del consistorio, por lo que no puede hablarse puramente de inactividad municipal en le ejercicio de sus competencias. Ciertamente, la incoación tardía del expediente sancionador, sin adoptar medidas cautelares urgentes no justificaría la actuación municipal, pues debe protegerse de inmediato a los vecinos perjudicados por el ruido y que sugirieran una absoluta inactividad, pero en el presente caso, las molestias tuvieron lugar únicamente tres días concretos y en horas no demasiado tardías como para perjudicar gravemente el sueño al estar dentro del horario autorizado. Otra cosa es que los actores hubieran aportado pruebas de un ruido constante, diario o semanal, nocturno, sistemático que les expusiera a ruido evaluado objetivamente en decibelios y que encima la Administración hiciera caso omiso a sus quejas o se retrasara manifiestamente en adoptar soluciones. En el presente caso, no sólo se acredita que la Administración atendió a todos los requerimientos de los recurrentes y efectuó un seguimiento de la actividad musical del hotel en cuestión (folios 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 39, 40, 46 y 50 de expediente administrativo), sino también que únicamente en tres días de todo el verano de 2006 se acreditó la infracción cometida por el Hotel MONTEMAR por exceso de decibelios y en esos tres días en conjunto no se excedió en 55 minutos de exposición, lo que dio lugar a la incoación de expediente sancionador correspondiente. QUINTO Y ÚLTIMO.- Conforme a lo establecido en el artículo 139 de la vigente Ley de la Jurisdicción contenciosa no se aprecian motivos que determinen una especial imposición de costas procesales. Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, FALLO PRIMERO.- Desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto contra el acto administrativo impugnado. SEGUNDO.- No efectuar condena en costas.
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