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El ruido es una de las manifestaciones
de agresión al medio ambiente y a la
salud de las personas

(sentencia del Tribunal Supremo,
de 24 de febrero de 2003,
Sala Segunda (Penal) Caso Chapó)


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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA. BARCELONA


Recurso de apelación nº 13/2008
Partes AJUNTAMENT DE LA GARRIGA
C/ X.N.G.

SENTENCIA Nº 260


Ilmos. Sres. Magistrados:

Don Emilio Berlanga Ribelles
Doña Núria Clèries Nerín
Doña Mª Pilar Rovira del Canto
Doña Mª Fernanda Navarro de Zuloaga
Don Javier Aguayo Mejía
Doña Laura Tamames Pietro-Castro


En la ciudad de Barcelona, a veintisiete de marzo de dos mil ocho.

VISTOS POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA (SECCIÓN SEGUNDA), constituida para la resolución de este recurso, ha pronunciado en el nombre del Rey, la siguiente sentencia en el rollo de apelación nº 13/2008, interpuesto por AJUNTAMENT DE LA GARRIGA, representado por el Procurador de los Tribunales D. J.G.R .y asistido de letrado, contra X.N.G., representado por el Procurador de los Tribunales V. D.iC.G. en el que así mismo ha sido parte el MINISTERIO FISCAL.

Ha sido Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dª Laura Tamames Prieto-Castro, quien expresa el parecer de la Sala.


ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8 de Barcelona dictó en el recurso contencioso-administrativo nº 566/06-E pieza separada de ejecución, el auto de fecha 12 de octubre de 2007, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Acuerdo requerir a la Administración demandada, Ayuntamiento de La Garriga, a fin de que lleve a puro y debido efecto lo acordado en la Sentencia núm. 152/2007 dictada en el presente procedimiento de Derechos Fundamentales núm. 566/2006 en fecha 31 de julio de 2007. Sin costas".

SEGUNDO.- Contra dicha resolución, se interpuso recurso de apelación, siendo admitido por el Juzgado de Instancia, con remisión de las actuaciones a este Tribunal previo emplazamiento de las partes, siendo parte apelante el AJUNTAMENT DE LA GARRIGA, y apelada X.N.G.

TERCERO.- Desarrollada la apelación se señaló día y hora para votación y fallo, que ha tenido lugar el día 13 de marzo de 2008.

CUARTO.- En la sustanciación del presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El auto aquí recurrido se fundamenta en los artículos 84 y 121.3 de la Ley de esta Jurisdicción con cita de sentencias del Tribunal Supremo que en síntesis expresan que la existencia de una sentencia representa que ya ha existido un control jurisdiccional del acto impugnado y que el ordenamiento permite la ejecución de las resoluciones jurisdiccionales aunque no hayan adquirido firmeza, siendo ello la regla general.

Apela el Ayuntamiento de la Garriga con los siguientes argumentos:
-Inadecuación del procedimiento de Derechos Fundamentales.
-Adjunta una relación de las medidas que fueron adoptadas a lo largo del año 2006 pretendiendo con ello que se entre a conocer una vez más sobre el hecho si hubo o no inactividad.
-Afirma que durante el año 2007 no ha habido ninguna queja.
-Mantiene que el Auto debería haber concretado qué medidas debió adoptar el Ayuntamiento.
-Manifiesta que en todo caso si lo que se pretende es la reducción del aforo, la Magistrada-Juez debió establecer fianza o garantía en el Auto.
-Y finalmente se afirma que ha habido incumplimiento de lo que establece el artículo 84.4 de la Ley de esta Jurisdicción dado que el Auto ha sido adoptado sin cumplir el trámite de audiencia a las partes.

Por su parte el apelado Sr. N.G. mantiene que sí hubo una denuncia de ruidos en el año 2007 y se aportó copia de ello con el escrito de solicitud de la ejecución provisional ; que en el supuesto de que se hubiese acordado la ejecución sin audiencia de la parte contraria, lo cierto es que ello no constituye un requisito de acuerdo con lo establecido en el artículo 121.3 de la Ley; que la apelación no tiene virtualidad suspensiva; que en todo caso es el Ayuntamiento quien tiene que determinar cuales han de ser las medidas correctoras y finalmente, que no hay perjuicios a los intereses económicos del codemandado, puesto que no ha comparecido en la apelación.

SEGUNDO.- La Ley de esta Jurisdicción establece en su artículo 121 que:
"3. contra las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo procederá siempre la apelación en un solo efecto".

Por su parte, de acuerdo con el artículo 84:
"1.- La interposición de un recurso de apelación no impedirá la ejecución provisional de la sentencia recurrida."

De acuerdo con la Sentencia del Tribunal Constitucional n. 112/1996 en los procedimientos relativos a los Derechos Fundamentales hay que entender que la ejecutividad es inmediata.

A la vista de ello procede desestimar el recurso pues las alegaciones hechas por el apelante se refieren todas ellas a cuestiones que en todo caso serían residenciables en el recuso de Apelación contra la Sentencia, más no en este procedimiento en el que lo único que ha de ser objeto de análisis de la debida aplicación del artículo 121 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa.

Por otro lado, consta que en esta misma Sala y Sección se ha dictado Sentencia en sentido desestimatorio del recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia del Juzgado de 31/7/07 -Rollo de Apelación 136/07- que ha resuelto sobre el fondo de la cuestión.

TERCERO.- De acuerdo con lo que dispone el artículo 139.2 de la LJCA, las costas han de ser a cargo de la parte apelante.


Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de Su Majestad el Rey.


FALLAMOS

1º.- DESESTIMAR el recurso de apelación.

2º.- Condenar en costas a la apelante.

Notifíquese la presente sentencia a las partes en la forma prevenida en la Ley, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno.

Así por esta nuestra Sentencia de la que se unirá certificación al presente procedimiento, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.


 


 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA
SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
SECCIÓ SEGONA. BARCELONA


Recurs d'apel·lació núm. 136/2007

Parts: AJUNTAMENT DE LA GARRIGA
c/ X.N.G. i I.G.C.

SENTENCIA Núm. 256

Magistrats:
Il·lma. Sra. Núria Clèries Nerín
Il·lma. Sra. Ma. Pilar Rovira del Canto
Il·lma Sra. Laura Tamames Prieto-Castro


Barcelona, 19 de març de 2008.

La Secció Segona de la Sala Contenciosa Adminitrativa de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya s'ha constituït per resoldre aquest recurs i ha pronunciat, en nom de SM el Rei, la sentencia següent en el rotlle d'apel·lació contra sentències núm. 136/2007, el qual va ser interposat per AJUNTAMENT DE LA GARRIGA representat pel procurador Sr. G.R., i assistit de Lletrat, X. N.G., representat pel procurador Sr. V.D.CA i I.G.C. representat pel procurador Sr. F.F.A. i defensats pel lletrats, amb intervenció del MINISTERI FISCAL.

Aquesta Secció ha pronunciat la Sentència següent en nom de SM el Rei.

Hi ha actuat com a ponent la magistrada Il·lma Sra. Núria Clerìes Nerín, qui expressa el parer de la Sala.

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER.- El Jutjat Contenciós Administratiu núm 8 de Barcelona va dictar en el recurs contenciós administratiu núm. 566/2006-E, la Sentència núm.152, de data 31 de juliol de 2007, la decisió de la qual té el tenor literal següent: "1º) Que debo ESTIMAR Y ESTIMO el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por la parte actora DECLARANDO LA LESION DE LOS DERECHOS FUNDAMNENTALES establecidos en el art. 18.1 y 2 de la Constitución española por causa de la inactividad de la Administración ante la contaminación acústica de la que aquel viene padeciendo, CONDENANDO al Ayuntamiento de la Garriga a que adopte todas aquellas mediddas que resulten necesarias para la eliminación del exceso de ruido provocado por la actividad de la terraza de la codemandada.
2º) No efectuar condena en costas."

SEGON.- Contra la sentència esmentada es va interposar un recurs d'apel·lació, que va ser admès pel Jutjat d'instància, que va trametre les actuacions a aquets Tribunal, prèvia citació a termini de les parts. La part apel·lant és AJUNTAMENT DE LA GARRIGA i la part apel·lada, X. N.G. i I. G. C.

TERCER.- Tramitada l'apel·lació, es va assenyalar dia i hora per la votació i decisió, que van tenir lloc el dia 12 de març de 2008.

QUART.- En la substanciació d'aquest procediment s'han observat i complert les prescripcions legals.


FONAMENTS DE DRET

PRIMER.- En data 31 de juliol de 2007, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona va dictar Sentència que estimava el recurs de protecció jurisdiccional dels drets fonamentals de la persona, interposat pel senyor X.N.G., contra l'Ajuntament de La Garriga, i que declarava la lesió del drets fonamentals establerts en l'article 18.1 i 2 de la Constitució Espanyola per causa de la inactivitat de l'administració davant la contaminació acústica que venia patint el recurrent, i condemnava l'Ajuntament de la Garriga a adoptar totes aquelles mesures que resultin necessàries per a l'eliminació de l'excés de soroll provocat per l'activitat de la terrassa del bar "La Calma".

L'Ajuntament de La Garriga interposa un recurs d'apel·lació amb el següents fonaments:

1.- Inadequació del procediment de protecció de drets fonamentals, de marcat caràcter excepcional i preferent atès que no s'havia acreditat la lesió dels drets fonamentals invocats.
2.- Falta d'acreditació de la inactivitat de l'Ajuntament.
3.- Errònia i parcial valoració de la proba practicada.
4.- Falta d'acreditació dels perjudicis físics i psíquics invocats pel recurrent.
5.- Falta d'acreditació de la prolongació al llarg del temps dels presumptes sorolls i adopció de mesures correctores per part de la titular del bar del teatre.

Tant la part recurrent, com el Ministeri Fiscal, s'oposen al recurs i demanen la confirmació de la Sentència apel·lada.

SEGON.- En primer lloc, hem de resoldre l'excepció d'inadmissibilitat del recurs per inadequació del procediment.

Reiteradament aquest Tribunal, seguint la doctrina tant del Tribunal de Drets Humans com del Tribunal Constitucional, ha dit que el recurs de protecció jurisdiccional té per objecte, tal com estableix l'article 114 LJCA, atorgar emparament judicial respecte de les vulneracions imputables a l'activitat o inactivitat de les administracions públiques, amb la finalitat de preservar o restablir els drets fonamentals i llibertats públiques a les que es refereix l'article 53.2 de la CE, entre els quals es troba el dret a la intimitat personal y familiar i el dret a la inviolabilitat del domicili. Vulneració que tant es pot fer per activitat com per inactivitat de l'Administració (STJCA 857/2001).
En efecte, el Tribunal Constitucional, per totes la Sentència 119/2001, després de fer un estudi sobre el que ha entès per dret a la intimitat i per inviolabilitat del dimicili conclou que "una exposición prologada a unos determinados niveles de ruido, que puedan objetivamente calificarse como evitables e insoportables, ha de merecer la protección dispensada al derecho fundamental a la intimidad personal y familiar, en el ambito domiciliario, en la mediida en que impidan o dificulten gravemente el libre desarrollo de la personalidad, siempre y cuando la lesión o menoscabo provenga de actos u omisiones de entes públicos a los que sea imputable la lesión producida", per tant, es correcte recórrer a la via preferent i sumaria d'interposar un recurs de protecció dels drets fonamentals de la persona, per denunciar inactivitat de l'Administració davant dels sorolls que patia en el seu domicili.

TERCER.- Entén la Corporació demandada que la sentència apel·lada no fa una correcta valoració de les actuacions realitzades, atès que, cada cop que va rebre una denuncia, s'hi va personar la policia municipal, comprovant en alguns casos que els sorolls no provenien de la terrassa sinó del entorn. Per altra banda, el 16 d'agost es va celebrar una reunió a l'Ajuntament per tal de trobar-hi una sortida i, per últim, la titular del bar va adoptar una sèrie de mesures per tal de disminuir la intensitat del soroll.

En primer lloc, hem d'aclarir que aquets recurs té per objecte estudiar si va haver-hi inactivitat per part de l'Administració i si aquesta inactivitat va ser la causant de la vulneració dels drets fonamentals al·legats. I tot això s'ha d'emmarcar en el període que és objecte del recurs, és a dir, des que es va rebre la primera denuncia fins que es va interposar el recurs contenciós administratiu. Per tant, no es tindran en consideració totes aquelles actuacions realitzades amb posterioritat.

Considerem que la magistrada d'instància ha valorat correctament la prova. Examinades novament les actuacions i l'expedient administratiu, ens trobem que des del mes d'abril del 2006 el senyor X.N. va denunciar a la Policia Municipal els sorolls que patia. Val dir que les denúncies s'interposen al voltant de la una de la nit. En alguns cops quan van anar-hi la Policia, certament, el bar ja estava tancat, però ignorem quin és el temps transcorregut entre la denuncia i l'assistència. Altres vegades és cert que el soroll no provenia de la terrassa, però les vegades que la Policia Local va comprovar que els sorolls s'originaven a la terrassa del bar, es va limitar a recomanar a la titular que no es tornés a reproduir la situació.

Durant aquest temps, no consta que l'Ajuntament portés cap iniciativa per tal que no es produïssin sorolls, tampoc va practicar cap mesura de control sonomètric, no essent excusa que el mes d'agost l'enginyer municipal fos de vacances. La primera denúncia es va produir el mes d'abril.

Hem de puntualitzar que el sorolls denunciats provenen de la terrassa del bar que està situat al costat d'on viu el recurrent. Aquesta terrassa és a l'aire lliure i no té cap mena de coberta. No és difícil imaginar el soroll que poden causar les persones que a l'estiu estan assegudes a la terrassa, encara que sigui solament parlant. En la prova sonomètrica realitzada el mes de març de 2007, el resultats obtinguts en nivell equivalent global va ser de 44,7 dB(A). En el dormitori potencialment afectat, en horari nocturn va ser de 45,9 dB(A). El perit indica que aquet està per sota dels límits establerts per la Llei 16/2000 (50 dB(A) ) però resukta que està per sobre del previst en l'ordenança governativa que fixa en 45 dB(A) (folis 539). Ara bé cal tenir en consideració que la prova sonomètrica es va realitzar durant el mes de març a la nit i tan sols hi havia entre 4 i 6 persones a la terrassa. Aquest resultats s'han de ponderar i si en el mes de març que and encara fa fred i amb sols sis persones, el nivell mig es de 44,7 dB(A), és obvi que a l'estiu i amb una ocupació major, el nivell de soroll ha d'ésser molt superior.

En l'actuació de lAdministració s'observa inactivitat, atès que com reiteradament ha dit aquests Tribunal no cal que aquesta sigui total, sinó sols que nos sigui ni la deguda ni la suficient.

Quan l'Ajuntament va rebre queixes reiterades sobre el soroll que patia un veí en les seves hores de descans (recordem que les queixes són a partir de las 12.30h de la nit), es va limitar a demanar a la titular del bar que procurés que els clients del bar respectessin el descans del veïns. L'única mesura que va adoptar va ser deixar d'utilitzar la cadena que tancava l'equipament de taules i cadires de la terrassa i posar taps a les potes de taules i cadires de la terrassa.

Però l'Ajuntament no sols no va realitzar l'activitat adequada per tal que aquesta situació no es reproduís, sinó que quan ja havia rebut diverses denúncies va prolongar l'horari de tancament del bar fins a la una de la matinada (acord del ple, de 9 de maig de 2006).

Per altra banda, hem de ressaltar que aquets bar és propietat de l'Ajuntament i s'explota en règim de concessió administrativa, per tant, en aquets supòsit l'Ajuntament a part de totes les mesures policia, també tenia a les seves mans la possibilitat d'incloure en el concurs de la concessió el compliment d'aquelles obligacions que es consideressin pertinents per tal de salvaguardar els drets del veïns del bar.

Per tot això, hem de concloure que s'observa inactivitat de l'Administració.

QUART.- En segon lloc, hem d'estudiar si la inactivitat de l'Adminstració ha vulnerat els drets fonamentals del recurrent previstos en l'art. 18.1 i 2 de la CE. En la prova sonomètrica aportada por la recurrent s'observa que el nivell de soroll en el domicili del recurrent era de 69,2 dB(A), molt superior al tolerat en la Llei 16/2002 de protecció de contaminació acústica (50 dB), i al marcat en l'ordenança municipal (45 dBA).

La resta de proves sonométricas realitzades no es poden tenir en consideració atès que quan es van practicar (mes de novembre i març) les condicions no eren les mateixes. Aquestes tenien per objecte mesurar el soroll d'una activitat produït en una terrassa a l'aire lliure, i evidentment, el nombre de persones i el temps que estan asseguts a la terrassa no és el mateix a l'estiu que a l'hivern. L'Ajuntament va tenir la possibilitat o més ben dit hauria tingut l'obligació, de practicar mesures sonomètriques durant l'estiu i no ho va fer.

L'existència prologada de soroll, per sobre dels límits legals, en el domicili d'una persona es considera vulneració al dret a la intimitat i a la inviolabilitat del domicili. En aquets sentit la STS, de 29 de maig de 2003, fent una remissió a anteriors pronunciaments del Tribunal Constitucional ha dit "el ruido puede llegar a representar un factor psicopatógeno destacado en el seno de nuestra sociedad y una fuente de permanente perturbación de la calidad de vida de los ciudadanos (como lo acreditan las directrices marcadas por la Organización Mundial de la Salud sobre el ruido ambiental... Ciertos daños ambientales, en determinados casos de especial gravedad, aún cuando no pongan en peligro la salud de las personas pueden atentar contra su derecho al respeto de su vida privada y familiar privándola del disfrute de su domicilio (...) debe merecer la protección dispensada al derecho fundamental a la vida personal y familiar, en el ámbito domiciliario, una exposición prolongada a determinados niveles de ruido que puedan objetivamente calificarse como evitables e insoportables, en la medida que impidan o dificulten gravemente el libre desarrollo de la personalidad, siempre y cuando la lesión o menoscabo provenga de acciones y omisiones de entes públicos a los que sea imputable la lesión producida".

Per apreciar l'existència d'aquesta vulneració no cal acreditar perjudicis concrets i determinats. La pertorbació en el descans i el fet de no haver de suportar més soroll del que legalment esta permès es motiu suficient per apreciar la vulneració del dret. Més encara quan el recurrent no ha sol·licitat cap indemnització per danys i perjudicis.

Com ens recorda el Tribunal Constitucional en la Sentencia 119/2001 "es lo que ahora estrictamente interesa, dicha doctrina se recoge especialmente en las SSTEDH de 9 de diciembre de 1994, caso López Ostra contra Reino de Espanya, y de 19 de febrero de 1998, caso Guerra y otros contra Italia. En dichas resoluciones se advierte que en determinados casos de especial gravedad, ciertos daños ambientales aun cuando no pongan en peligro la salud de las personas pueden atentar contra su derecho al respeto de su vida privada y familiar, privándola del disfrute de su domicilio en los términos del art. 8.1 del Convenio de Roma (SSTEDH de 9 de diciembre de 1994, y de 19 de febrero de 1998)".

Per aquestes raons, el recurs ha d'ésser desestimat, atès que apreciem que la inactivitat de l'Ajuntament ha vulnerat els drets fonamentals a la intimitat i a la inviolabilitat del domicili.

CINQUÈ.- De conformitat amb el que disposa l'art. 139 de la LRJCA, s'han d'imposar les costes processals a la part recurrent, que ha vist desestimades les seves pretensions.

Vistos els articles esmentats i la resta d'aplicació general i pertinent.

DECIDIM

1r. Desestimar el recurs d'apel·lació interposat contra la Sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, en data 31 de juliol de 2007 (152/2007), la qual es confirma en tots els seus extrems.

2n. Condemnar al pagament de les costes causades en questa instància a la part recurrent.

Notifiqueu aquesta resolució a les parts en la forma legal i adjunteu-ne un testimoniatge a les actuacions principals.

Aquesta es la nostra Sentència, que pronunciem, manem i signem.






JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 8 DE BARCELONA


PROCEDIMIENTO DERECHOS FUNDAMENTALES Nº 566/2006

SENTENCIA Nº 152

En Barcelona, a 31 de julio de 2007.


Vistos por Doña .........., Magistrada Juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 8 de Barcelona y su Provincia, los presentes autos de procedimiento contencioso administrativo, en los que tiene la condición de parte actora Don....... representado y defendido por el Letrado Don Lluís Gallardo Fernández, siendo demandado el AYUNTAMIENTO DE LA GARRIGA, representado por el Procurador de los Tribunales Don Jaume Guillem Rodríguez y defendido por la Letrada Doña Angels Aspa Pérez y como parte codemandada Doña ............ representada por el Procurador de los Tribunales Don Francesc Fernández Anguera y defendido por la Letrada Doña Teresa Calzada Balcells, con intervención del MINISTERIO FISCAL.


ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Interpuesto el recurso en el plazo prefijado en la Ley Jurisdiccional, se le dio el trámite procesal adecuado, ordenándose reclamar el expediente administrativo.

SEGUNDO.- Reclamado el expediente administrativo se confirió traslado a las partes, esto es, al Ministerio Fiscal, a la Administración demandada y a la parte codemandada, que evacuaron los trámites de demanda y contestación por su orden, prosiguiendo el resto de los trámites conforme a lo previsto en los art. 114 a 121 LJ, quedando finalmente los autos conclusos para sentencia.

TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Interpone el actor recurso contencioso-administrativo mediante el procedimiento de protección jurisdiccional de los Derechos Fundamentales previsto en los art. 114 y ss de la LJCA, contra la inactividad de la Administración, Ayuntamiento de La Garriga, en el ejercicio de sus potestades de policía y disciplina ambiental que tiene encomendadas en virtud de la normativa de pertinente aplicación, en relación a los ruidos que producidos por la actividad en la terraza al aire libre del Bar "La Calma" en el Passeig núm. 42 de la citada localidad, colindante a la vivienda del recurrente produciéndose una inmisión de aquellos de forma directa en su interior.

Dicha inmisión supone un ruido que impide y afecta el sueño y el descanso de los residentes en la vivienda del recurrente ya que el dormitorio principal da a la fachada del edificio, colindante por tanto a la citada terraza de la codemandada. Se indica que han sido numerosos los requerimientos efectuados a la Administración, que no ha sido capaz de realizar actuación alguna para poner fin a la situación provocada, lo que supone una clara vulneración de los derechos fundamentales tales como la intimidad personal y familiar (art. 18.1 de la CE) y la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 de la CE).

Termina solicitando la parte actora en el suplico de su demanda que se dicte sentencia en la que: a) es declari la inactivitat de l'Ajuntament de La Garriga en la correcta disciplina i sanció de l'activitat de restauració que exerceix a l'aire lliure l'establiment del bar "La Calma"; b) es declari la lesió dels drets fonamentals de l'actor, Sr............, personal i familiar (art. 18.1 CE) i la inviolabilitat del domicili (art. 18.2 CE), i per causa de la incativitat administrativa de l'Ajuntament de la Garriga enfront del soroll provocat pel funcionament de l'activitat de restauració a l'aire lliure que durant el període nocturn es desenvolupa al pati del bar susdit, colindant amb el seu domicili personal i familiar; c) es declari l'obligació de l'Ajuntament de la Garriga d'adoptar en el termini més breu possible totes aquelles mesures adients per al cessament de l'escreix de soroll permés a l'exterior i a l'interior de l'habitatge del demandant, escreix de soroll provocat per dites instal·lacions mercantils, condemnant a l'Ajuntament de La Garriga a portar a terme l'execució subsidiària -per precinte cautelar o preventiu de les instal·lacions causants del soroll ambiental- del referit cessament en cas d'incompliment per part de la responsable de l'activitat contaminant i amb la finalitat de preservar els drets fonamentals de l'actor i llur familia a la integrat física i moral, a la intimitat personal i familiar i a la inviolabilitat del domicili".

Las demás partes, se oponen a las alegaciones vertidas por la parte actora, señalando que no ha habido inactividad alguna por parte de la Administración quien muestra colaboración para solucionar el supuesto problema, siendo además evidente que no se superaba el máximo de decibelios permitidos por la normativa y emitidos por la terraza, al tiempo que estima no acreditada la existencia de una grave contaminación acústica y la falta de relación causa efecto entre los padecimientos psíquicos del recurrente y el ruido a que se refieren estas actuaciones.

Por parte del Ministerio Fiscal se presentó asimismo escrito de alegaciones, interesando la estimación del recurso interpuesto por la parte actora por estimar concurrentemente la vulneración de los derechos fundamentales invocados por la actora.

SEGUNDO.- Tradicionalmente la doctrina jurisprudencial había venido realizando una interpretación restrictiva del concepto de "violación de domicilio", pues se entendía que la existencia de ruidos, humos y olores no constituían por sí mismo tal violación por no existir entrada en el domicilio.

Sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Sentencias de 1 de diciembre de 1994 y de 16 de noviembre de 2004, del Tribunal Constitucional, Sentencia de 29 de mayo de 2001, y del Tribunal Supremo, Sentencia de 10 de abril de 2003, entre otras, ha establecido que las inmisiones acústicas, además de poder atentar contra el derecho a la integridad física y psíquica, en casos graves, conllevan, cuando superan lo razonablemente tolerable y aunque no constituyan un riesgo grave para la salud, vulneración del derecho a la intimidad y privacidad en el ámbito domiciliario, art. 8 del Convenio Europeo y art. 18 CE. Y de esta doctrina se puede deducir, por lo que ahora interesa, un reforzamiento, en términos de exigencia de rigor en la interpretación y mejora cualitativa y cuantitativa de la actividad ejecutiva, de los sistemas normativos vigentes de control y prevención de ruidos. Esa dimensión constitucional del ruido ofrece a tales sistemas normativos un fundamento nuevo que, al mismo tiempo, justifica la precedente afirmación de reforzamiento, y tal fundamento es la especial vinculación de los derechos fundamentales art. 10.1 y 53 CE, de la que deriva, entre otras cosas, la obligación de todos los poderes públicos de aplicar con rigor y eficacia los instrumentos que el Ordenamiento pone a su disposición para la protección plena y efectiva de dichos derechos frente a los riesgos que los acechan. En este caso, se trata de interpretación de la normativa sobre inmisiones sonoras y el bien jurídico en riesgo es la tranquilidad y el descanso de los vecinos en el ámbito reservado y constitucionalmente protegido de su domicilio, el cual, según la jurisprudencia citada, debe quedar libre de intromisiones no solo físicas que afecten al elemento material del edificio, sino, también, de las que indican negativamente en el aspecto, inmaterial y subjetivo, constituido por la función del domicilio de ser ámbito en el que la persona desarrolla su libertad mas amplia en plena intimidad. Como colofón de la mencionada jurisprudencia europea, merece especial mención, por afectar directamente a nuestro país, las sentencias de 9 de diciembre de 1994, caso López Ostra, y de 16 de noviembre de 2004, caso Moreno Gómez, dictadas como consecuencia de demandas deducidas ante la desestimación por los Tribunales Españoles del recurso planteado por molestias causadas por una estación depuradora próxima a su vivienda y por ruidos, respectivamente. Las meritadas sentencias declaran que en razón de los ruidos, olores y humos contaminantes se habían vulnerado los derechos de la demandante al disfrute de su domicilio y al respeto de su vida privada y familiar garantizados por el art. 8, por lo que declararon el derecho de los demandantes a ser reembolsados de los perjuicios materiales y morales sufridos. Pues bien, desde esta filosofía, y atendida la gran similitud de contenido entre el repetido art. 8 del CEDH y el art. 18.1 y 2 de la CE, hay que construir, desarrollar y trabajar el núcleo intimidad-protección del domicilio frente a determinadas intromisiones sonoras, para, finalmente, concluir que la degradación de medio ambiente a través del ruido excesivo supone la violación de los derechos fundamentales protegidos en dicho art. 18. Postura que, en definitiva, encuentra también su apoyo en la doctrina del Tribunal Constitucional, el cual, en la sentencia 22/1984, de 17 de febrero, tuvo ocasión de afirmar: "como se ha dicho acertadamente, el domicilio inviolable es un espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales y ejercer su libertad mas íntima. Por ello, a través de ese derecho, no sólo es considerado, sino lo que en hay de emanación de la persona y de la esfera de ella. Interpretada en este sentido, la regla de la inviolabilidad de domicilio es de contenido amplio e impone una extensa serie de garantías y de facultades en las que se comprende las de vedar toda clase de invasiones, incluidas las que puedan realizarse sin penetración directa por medio de aparatos mecánicos, electrónicos u otros análogos".

Es por tanto más que evidente que se ha producido un importante cambio doctrinal en cuanto a la vulneración que de los derechos fundamentales suponen las inmisiones medioambientales, en ese caso las provocadas por ruidos.

TERCERO.- Trasladada esta doctrina al supuesto de autos, es preciso determinar si se ha producido una vulneración de los derechos constitucionales invocados por el recurrente, derivados de una contaminación acústica como la denunciada.

Así, y a la vista del expediente administrativo se constata que ya desde el 16 de abril de 2006 se formulan las primeras quejas por el actor, bien por otros vecinos, poniendo de manifiesto el ruido producido por la terraza de la codemandada. Son continuos las denuncias y avisos a la Policía local, esto es, los 16, 22 y 30 de abril, el 6, 13 y 20 de mayo de 2006, y ante el Ayuntamiento en fecha 16 de agosto de 2006.

Aportó en su día el actor, un informe emitido por el Ingeniero ............, en el que se indica que se practicaron mediciones sonométricas que arrojaron un resultado de 69,2 dBA, muy superior a los niveles máximos de ruido estipulados en la actual Ley 16/2002 de Protección contra la Contaminación Acústica que establece un nivel máximo de 50 dBA en zona A, que es en la que se ubica la vivienda del actor, y para horario nocturno y 45 dBA según la ordenanza municipal.

Según la medición efectuada por el técnico del actor, se superaría por tanto el límite máximo de inmisión permitido.

Del informe emitido por el Sr. ..........., a requerimiento del Ayuntamiento, los resultados obtenidos, fueron 45,9 dBA y 44,7 dBA, pese a estos resultados, consideran los técnicos que los resultados pueden variar en función de las condiciones dadas por la actividad y su entorno. Debe tenerse en cuenta que, en este caso, las mediciones sonométricas se realizan en fecha 23 de marzo de 2007, donde en la terraza habían 5 mesas ocupadas temporalmente por unas 4 o 6 personas, señalando que la inmisión sonora de más influencia es la mencionada terraza.

Así pues, en el presente supuesto son los hechos denunciados expresivos de lesiones al medio ambiente, derivadas de los ruidos y vibraciones producidas por las actividades que tienen lugar en la terraza del bar "La Calma", que dificultan gravemente el normal disfrute de su domicilio a la parte recurrente, así como si hay justificación para reprochar al Ayuntamiento demandado una pasividad por no haber adoptado las medidas que podían impedirlo y que estaban dentro de su ámbito legal de competencias, y así hay que decir de las pruebas practicadas en los presentes autos resulta que en la terraza del bar "La Calma", contigua al domicilio de la recurrente, esencialmente durante los periodos veraniegos se prolonga la actividad hasta la 1.30 y 2 de la madrugada, lo que resulta acreditado con las copias de las denuncias presentadas, así como que las citadas actividades producen unos ruidos que superan los niveles máximos permitidos en el domicilio de la recurrente, tal y como se recoge en el informe elaborado por el Dr. ............... y que fue ratificado antes este juzgado y que afectan a la vida personal y familiar cotidiana de la parte actora, sin decir que por el Ayuntamiento se haya demostrado que se adoptara medida correctora de ningún tipo. Baste recordar que el art. 25.2 f) y h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local atribuye al municipio el ejercicio de competencias en las materias de protección del medio ambiente y la salubridad pública; que el art. 42.3.a) de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad señala el control sanitario del medio ambiente, con una referencia expresa a la contaminación atmosférica, como responsabilidad de los Ayuntamientos; y que el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas declara la competencia general de los órganos municipales para la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones sobre materia y, mas particularmente, les reconoce funciones de inspección sobre las actividades que vengan desarrollándose y potestad para adoptar medidas frente a las deficiencias comprobadas, por lo que como consecuencia de todo lo anterior procede estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto y declarar que son la inactividad del Ayuntamiento de La Garriga se vulneró el derecho fundamental de la recurrente a la inviolabilidad de su domicilio que le reconoce el artículo 18.1 y 2 de la Constitución.

En definitiva, a la vista de lo expuesto, si algo queda claro es que el nivel de contaminación acústica padecida por el actor es superior a la legalmente permitida tal y como se ha expuesto, produciéndose la misma en horario nocturno coincidiendo con el período de descanso.

Como ya se indicó la STSJ de Valencia de 1 junio 1999 "la constancia y prolongación en el tiempo de un nivel de ruido en el interior de la vivienda, superior al máximo, cuenta con valor intrínseco suficiente para afectar de forma notable a la integridad física".

También el TSJ de Cataluña en sentencia de 18 de julio 2002 se ha pronunciado al respecto indicando que "Este Tribunal ha advertido que se produce lesión efectiva del derecho a la integridad física y moral cuando una persona se encuentra sometida a niveles de contaminación acústica con carácter continuado y persistente que rebasen un determinado umbral o estándar de modo que se pone en peligro grave e inmediato la salud".

Es por lo expuesto que se dan las circunstancias concurrentes necesarias para concluir que se produce una vulneración de los derechos fundamentales invocados por el actor que necesariamente deben suponer la estimación de la demanda rectora del presente procedimiento.

CUARTO.- Que no procede hacer pronunciamiento en materia de costas según lo dispuesto en el art. 139 de la LJCA al no concurrir ninguno de los supuestos que justifican si imposición.


FALLO

1º) Que DEBO ESTIMAR Y ESTIMO el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por la parte actora DECLARANDO LA LESIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES establecidos en el art. 18.1 y 2 de la Constitución Española por causa de la inactividad de la Administración ante la contaminación acústica de la que aquel que vive padeciendo, CONDENANDO al Ayuntamiento de La Garriga a que adopte todas aquellas medidas que resulten necesarias para la eliminación del exceso de ruido provocado por la actividad de la terraza de la codemandada.

2º) No efectuar condena en costas.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de APELACIÓN en el plazo de QUINCE DÍAS (art. 81 y 85 LJ).

Así por sentencia, de la que se unirá certificación al procedimiento, quedando el original en el libro de resoluciones definitivas del Juzgado, lo pronuncio, mando y firmo.


PUBLICACIÓN.- La anterior Sentencia ha sido dada, leída y publicada en el día su fecha por el Ilmo. Sr. Magistrado que la suscribe, de lo que, la Sra. Secretaria, doy fe.